Vecinos de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad del Consejo Consultivo de la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal) participaron de la audiencia realizada este martes en la Legislatura porteña a raíz de los operativos “Tormenta Negra” desplegados por el Gobierno de la Ciudad en villas y barrios populares y llevaron su reclamo por situaciones que, según señalaron, también se registran en Balvanera, San Cristóbal y Once.
Se van a cumplir dos años del operativo policial que expulsó a los manteros de la zona comercial de Balvanera y en el presente a quienes venden de forma ambulante también les requisan su mercadería, denuncia la entidad Unión De Vendedores Ambulantes de Once (UVAO). “No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo respeto, transparencia y que se expliquen los procedimientos realizados contra los trabajadores de la vía pública”, señaló esta entidad ante un procedimiento reciente.
En el documento del Consultivo, presentado durante la audiencia, los vecinos expresaron su “firme repudio al hostigamiento, persecución y violencia ejercidas por las fuerzas de seguridad y organismos de control estatal sobre los sectores de mayor vulnerabilidad social en la Ciudad de Buenos Aires”.
Aunque la Comuna 3 no cuenta con barrios populares reconocidos formalmente, señalaron que sus habitantes “convivimos cotidianamente con intervenciones policiales y de organismos vinculados al control del espacio público” que, según plantearon, “lejos de resolver las dificultades sociales existentes, muchas veces recaen sobre quienes se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad”.
El planteo de los vecinos ante la Legislatura
El Consejo Consultivo mencionó específicamente situaciones vinculadas con trabajadores de la economía social, vendedores y trabajadores del espacio público, población migrante y personas en situación de calle.
“En nuestra comuna hemos presenciado operativos dirigidos particularmente contra trabajadores y trabajadoras de la economía social; procedimientos y controles sobre población migrante en las inmediaciones de Plaza Miserere y el Abasto; desplazamientos permanentes de vendedores y trabajadores del espacio público; intervenciones contra personas en situación de calle y distintas formas de hostigamiento a quienes ejercen actividades políticas y culturales en el espacio público”, expresaron.
Los vecinos también hicieron extensivo su planteo a los operativos contra la venta ambulante en Once, en el marco de su cuestionamiento general a las intervenciones de las fuerzas de seguridad y organismos de control sobre trabajadores de la economía social.
El documento presentado ante los legisladores sintetizó su posición en una serie de definiciones: “La policía no puede ser la política habitacional de la Ciudad”; “la policía no puede reemplazar las políticas de inclusión social”; “la policía no puede ser la respuesta frente al trabajo informal”; y “la policía no puede ser la política destinada a las personas en situación de calle”.
También plantearon que “la represión no puede ser la forma de administrar el conflicto social”. Frente a estas situaciones, la Comisión reclamó “más presencia del Estado, pero una presencia estatal orientada a garantizar derechos y no a cercenarlos”. “Queremos más Estado en educación, vivienda, salud y políticas sociales. Queremos soluciones a los problemas y no violencia contra quienes los padecen”, señalaron.
El documento también reclama el “cese del hostigamiento y de la utilización de las fuerzas policiales para fines políticos y de propaganda” y pide respuestas estatales centradas en la garantía de derechos.
Un caso reciente en la Plaza Manzana 66
Por fuera del contenido del comunicado presentado en la audiencia, vecinos de la Comuna 3 transmitieron además su preocupación por un episodio ocurrido esta semana en la Plaza Manzana 66, en Balvanera.
Según relataron, una vendedora que cuenta con permiso para desarrollar su actividad fue requisada durante un procedimiento y posteriormente trasladada a una dependencia para prestar declaración.
El caso fue señalado por los vecinos como una situación particular que les genera preocupación, debido a que, según transmitieron, la mujer cuenta con autorización para vender y cumple con los requisitos correspondientes para realizar su actividad.
J.C.
