Lo que empezó como un cacerolzo espontáneo en la noche del 20 de diciembre tras el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70-2023 del presidente Javier Milei para desregular la economía del país con el tiempo tomó forma y se convirtió en un movimiento asambleario de vecinos que rechazan las políticas de Gobierno nacional libertario.
Luego de la cadena nacional del 20 de diciembre empezaron a sonar desde los balcones algunas cacerolas en distintos barrios porteños, incluida la zona del Abasto. Por momentos se empardaban con gritos de “Viva la libertad, carajo”, el lema de guerra de la actual conducción.
Al rato ya había decenas de personas reunidas en varias esquinas. Todo ello pese a que, horas antes, había debutado el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich con apoyo del Gobierno porteño para reducir una movilización a Plaza de Mayo a 22 años del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Con las horas, la concurrencia fue mayor y las redes sociales se hacían eco del ruido a cacerolas y los cantos en contra de las medidas del Poder Ejecutivo de la Nación, que se complementan con el impuso de una Ley Ómnibus con cambios a los Códigos Civil y Comercial y Penal, aparte de una reforma laboral y cambios en distintas materias como lo financiero, la gestión de la salud y la educación.
A nivel local hubo manifestaciones en esquinas como Medrano y Corrientes, Castro Barros y Rivadavia, San Juan y Boedo, entre otras.
De forma espontánea muchos abandonaron las esquinas y se dirigieron en caravana hacia el Congreso de la Nación. Por la zona del Abasto desfilaron cientos de personas a pie sobre las principales avenidas, como Corrientes y Rivadavia.
A diferencia del nutrido grupo de policías que intentó limitar la marcha a Plaza de Mayo, en el Abasto había patrulleros que solo observaban para evitar situaciones de riesgo.
Llegados al Congreso, miles de manifestantes cantaron e hicieron sonar sus cacerolas. “La patria no se vende”, fue uno de los cantos más recordados de aquel punto de partida.
Al día siguiente las autoridades nacionales le bajaron el precio a lo vivido y sostuvieron que se trató de expresiones menores, en su mayoría a cargo de seguidores del kirchnerismo.
No obstante, durante varios días consecutivos hubo protestas frente al Congreso. Eso sí, la Policía de la Ciudad reforzó su presencia, a fin de evitar cortes en las avenidas que rodean el palacio legislativo.
De todos modos, ese puntapié inicial dio lugar a un incipiente movimiento de vecinos que empezaron a organizarse desde los barrios.
Por un lado, a través de redes sociales se convoca a ruidazos todos los miércoles a las 20 hs. Entre otros grupos se encuentran: Asamblea Córdoba y Pueyrredón (Córdoba y Pueyrredón); Asamblea popular de vecinos autoconvocadxs de San Cristóbal – Constitución – Montserrat (Entre Ríos y San Juan); Vecinos de Almagro en Alerta (Corrientes y Medrano); Autoconvocados Av. Rivadavia y Medrano (Rivadavia y Medrano); Asamblea de Boedo (San Juan y Boedo), según un mapa que confeccionó la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
En la zona del Abasto los ciudadanos empezaron a celebrar en forma periódica encuentros para analizar la situación y evaluar qué pasos a seguir. El primer sábado de enero hubo una reunión en el Parque de la Estación de Gallo y Corrientes y luego, al cierre de esta edición, se iba a realizar otro encuentro en Plaza Almagro el 9 de enero al atardecer.
“Almagro en alerta. En cada barrio, contacta a tu asamblea para participar del ruidazo de los miércoles”, convocaron “Vecinxs Organizadxs de Almagro” a través de redes sociales y también de afiches colocados en las rejas de Plaza Almagro.
Del mismo modo, esta asamblea apoyó la realización del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este 24 de enero, el cual durará 12 horas desde el mediodía. Además, incluirá una marcha hacia del Congreso de la Nación.
La Ley Ómnibus también contempla cambios en el área de cultura. Vale recordar que con el actual organigrama del Gabinete nacional Cultura se degradó de ministerio a secretaría, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que también reúne a otras áreas como Salud, Educación y Desarrollo Social.
Se trata de la eliminación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), también ajustes en el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre otros.
Ante este panorama, en pocas semanas se constituyó el colectivo Unidxs por la Cultura, que realizó diversas asambleas en la Ciudad de Buenos Aires y todo el país.
Una de sus medidas iniciales fue convocar a un “cacerolazo cultural” que se iba a realizar este miércoles 10 de enero frente al Congreso. El mismo iba a ser apoyado por diversas asambleas barriales, entre ellas la del grupo de Almagro y Abasto.
Ante lo que consideran “un ataque” al sector cultural, aparte del cacerolazo llamaron a reunirse con diputados de distintos bloques para pedirles el rechazo a la Ley Ómnibus y el DNU.
También promovían, al cierre de esta edición, una “gran asamblea federal de la cultura con acción cultural” para el 20 de enero en la Plaza Congreso.
El martes 9 de enero iniciaba el debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación en un plenario de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto. Se esperaba la presencia de varios funcionarios nacionales como el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En el oficialismo esperan tener media sanción antes de que culmine enero, en particular quieren que se vote en el recinto de sesiones el jueves 25.
En tanto, en la oposición dialoguista, como la UCR, bregan por introducir reformas a varios artículos. En sectores como Unión por la Patria y la Izquierda rechazan la Ley y el DNU en su totalidad.
J.M.C.
