El legislador porteño Alejandro ‘Pitu’ Salvatierra presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique el procedimiento realizado el pasado 2 de marzo en un inmueble ubicado en Cochabamba 2642, en el barrio de San Cristóbal, donde se dispuso la clausura y evacuación de las familias que residían allí, como había informado Revista El Abasto.
El legislador de Fuerza por Buenos Aires estuvo presente en el desalojo y luego tuvo un cruce en redes con el jefe de Gobierno Jorge Macri, quien lo acusó en un comunicado de defender usurpadores que generaban altercados en el barrio.
La iniciativa de Salvatierra solicita que el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, brinde detalles en un plazo de 30 días sobre las actuaciones administrativas que derivaron en la inspección del edificio y en el posterior operativo que terminó con el desalojo de sus ocupantes.
El proyecto apunta a reconstruir cómo se desarrolló la intervención estatal y qué organismos participaron. Entre otros puntos, pide que se informe quién es el titular del inmueble, bajo qué expediente se ordenó la inspección y cuál fue el informe técnico que justificó la clausura por supuestas “razones de seguridad estructural o constructiva”.
También solicita saber si antes de ordenar la evacuación total se evaluaron alternativas como el apuntalamiento o reparaciones parciales del edificio.
Detalles del operativo
El pedido de informes pone especial foco en el despliegue de recursos estatales durante el procedimiento. El legislador requirió identificar las divisiones de la Policía de la Ciudad que participaron, la cantidad de efectivos y vehículos afectados, y la autoridad política o policial que solicitó su intervención.
Además, reclama precisiones sobre el rol de programas sociales del gobierno porteño, como el Buenos Aires Presente (BAP) y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. En ese sentido, pide conocer cuántos trabajadores participaron, bajo qué protocolo se realizó el censo de las personas afectadas y qué tipo de asistencia recibieron las familias.
Otro punto del proyecto es determinar cuántos hogares fueron desalojados y cómo estaban compuestos —incluyendo la presencia de niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores— así como las soluciones habitacionales otorgadas a cada grupo familiar.
Cuestionamientos al procedimiento
En los fundamentos del pedido, Salvatierra cuestiona lo que considera un uso creciente de la Guardia de Auxilio para realizar clausuras que, según sostiene, terminan funcionando como desalojos de hecho sin intervención judicial.
“El argumento del riesgo estructural termina reemplazando los plazos y garantías del debido proceso”, señala el texto, que también advierte sobre la falta de soluciones habitacionales definitivas para las personas afectadas.
El legislador también cuestiona el despliegue policial en este tipo de operativos administrativos, al considerar que puede tener un efecto intimidatorio sobre familias en situación de vulnerabilidad.
Un conflicto que escaló en redes
El episodio en San Cristóbal ya había generado un fuerte cruce público entre Salvatierra y el jefe de Gobierno Jorge Macri en redes sociales. Allí, ambos intercambiaron acusaciones sobre el procedimiento realizado en el edificio y la situación de las familias desalojadas.
Mientras el legislador cuestionó la legalidad y el enfoque social del operativo, desde el gobierno porteño defendieron la intervención al sostener que se trató de una medida necesaria por razones de seguridad.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
