Este jueves en medio de un fuerte operativo policial en la puerta del edificio parlamentario, la Legislatura porteña aprobó con los votos solitarios del oficialismo Vamos Juntos con los votos solitarios del oficialismo Vamos Juntos (34) la segunda y definitiva lectura de los Códigos Urbanístico y de Edificación. Los vecinos en la puerta protestaron y denunciaron que se favorecerá la especulación inmobiliaria.
El dictamen para votar los Códigos se firmó el 28 de noviembre en la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por la legisladora Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos). En la sesión del 6 de septiembre se dio la sanción inicial. Entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre se desarrolló en cuatro jornadas la audiencia pública por el Código Urbanístico. El de Edificación tuvo dos jornadas. Hubo 500 y 300 disertantes, respectivamente.
La propuesta original de cambios se planteó a fines de 2016 a través del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad. Luego hubo discusiones en las Comunas y hasta un foro en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, los vecinos elaboraron 12 puntos participativos. Reprochan que no fueron incluidos al texto final. Dicen que falta la voz de los vecinos y que sobra la de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, en el nuevo Código Urbanístico se establecen alturas máximas de construcción, para respetar la identidad de cada barrio. También se ordena la estética de las cuadras, para propiciar un espacio público más amigable y se promueve una ciudad con varios ejes y centros de comercio y esparcimiento.
El nuevo Código de Edificación “elimina la obligatoriedad de la vivienda del encargado y la reemplaza por un vestuario; incorpora nuevos materiales y sistemas de construcción más eficientes, como el durlock y el Steel Framing; elimina la obligatoriedad de usos de materiales específicos”. Habilita la construcción de microambientes, elimina la obligatoriedad del bidet, permite baños sin distinción de género en lugares públicos.
Casi 100 organizaciones sociales, barriales y patrimonialistas porteñas presentaron una carta de rechazo: “Ambos códigos están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario”.
J.C.
