La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves una modificación del Presupuesto General 2026, lo que representa una ampliación del 15,5% respecto al cálculo original votado en noviembre pasado. La medida, que eleva las previsiones sobre la base de 17,4 billones de pesos, tiene como objetivo principal adecuar los recursos al contexto macroeconómico y asegurar la continuidad de los servicios públicos, el mantenimiento del espacio público y la ejecución de obras.
El ajuste responde a la aceleración de los precios medida por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA). Según el oficialismo, el presupuesto original se basó en una inflación anual estimada del 10,1%, cifra que fue superada en abril al alcanzar un acumulado del 11,6%. Actualmente, la proyección de inflación anual para el presente ejercicio se sitúa en el 29,1%.
Los nuevos fondos se destinarán mayoritariamente a cubrir aumentos salariales por acuerdos paritarios y a reforzar partidas de asistencia social y transporte. Asimismo, se contemplan mayores erogaciones para la seguridad, el sistema de salud y educación, además de la inversión en infraestructura y el pago de servicios de deuda pública.
En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé que el incremento del gasto se cubra con el aumento de la recaudación tributaria, impulsada por Ingresos Brutos, Sellos, Patentes e impuestos inmobiliarios. También se incorporarán recursos provenientes de la moratoria aprobada por la Ley 6.842 y de diversos planes de facilidades de pago.
Como parte del paquete de medidas económicas, el cuerpo legislativo sancionó la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido en la Ley nacional 27.742. En paralelo, se creó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un esquema local diseñado para fomentar proyectos de escala intermedia.
Finalmente, la ley autorizó la ampliación del monto máximo para la emisión de Letras del Tesoro y actualizó el valor de las Unidades de Compra y de Multa (Ley 2.095), fijándolas en $550 para el ejercicio 2026. El diputado Waldo Wolff (VxM) destacó que la medida respeta los principios de responsabilidad fiscal y eficiencia en la asignación de recursos ante el cambio de las variables macroeconómicas.
J.C.
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