Un proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre una eventual relocalización de Centros de Inclusión y paradores para personas en situación de calle fuera del territorio porteño. La iniciativa surge tras declaraciones de la jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Patricia Cuellar, quien el pasado 9 de abril, en una reunión con vecinos del barrio de Balvanera, mencionó que se analizaba esta posibilidad.
El pedido de informes, impulsado por el legislador Matías Barroetaveña junto a otros coautores, exige precisiones sobre si efectivamente existe un proyecto en ese sentido, qué organismo lo llevaría adelante, bajo qué marco normativo se implementaría y en qué lugares se instalarían los nuevos dispositivos de asistencia. También reclama conocer si se prevén convenios con otras jurisdicciones y cuántos centros serían trasladados, con detalle de su capacidad actual y cantidad de personas alojadas.
Además, el texto pone el foco en la falta de información oficial sobre la población en situación de calle. En ese sentido, solicita datos actualizados al 31 de marzo de 2026, diferenciando entre personas alojadas en paradores y aquellas que permanecen en la vía pública, así como la metodología utilizada para su relevamiento. El proyecto también pide comparar estas cifras con las del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en 2025, que contabilizó 11.892 personas, muy por encima de los registros oficiales.
Otro de los puntos centrales del pedido apunta al presupuesto destinado a estas políticas. Se solicita el detalle de los fondos asignados para 2026, desagregados por programa, y la ejecución presupuestaria de los años 2024 y 2025. Asimismo, se consulta si existen estudios de impacto social, jurídico o presupuestario sobre la eventual medida, y si se prevé la participación de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos o el Ministerio Público de la Defensa en su diseño.
En los fundamentos, los autores advierten que trasladar los servicios fuera de la Ciudad podría implicar “una expulsión territorial de las personas más vulnerables”, en un contexto de emergencia habitacional creciente. También señalan que la iniciativa, de confirmarse, podría contradecir la Ley N.º 3706 —que establece las obligaciones del Gobierno porteño en materia de asistencia a personas en situación de calle— y los artículos 17 y 31 de la Constitución local, que garantizan el derecho a la vivienda y a la asistencia social.
El proyecto también cuestiona que el anuncio haya surgido desde el Ministerio de Seguridad y no desde el área de Desarrollo Humano, lo que, según sostienen, refleja un enfoque que aborda la problemática desde una perspectiva de orden público más que como una cuestión social.
J.C.
Foto: GCBA
