Este jueves, comerciantes y propietarios de puestos del Mercado San Cristóbal colgaron una serie de banderas sobre el histórico inmueble de Independencia y Entre Ríos. Rechazan el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo porteño para expropiar el edificio a fin de convertirlo en la estación Chile de la Línea F de subtes. También piden la reapertura de las naves internas, en medio de un conflicto judicial y administrativo que se remonta a la época de la pandemia.
En el presente, funcionan los locales que dan a la calle, tanto del lado de Independencia como del de Entre Ríos, incluido el café de la ochava. Los dos accesos hacia el interior, en Independencia y en Entre Ríos, están con la persiana baja, por lo tanto, decenas de puestos no funcionan desde hace mucho tiempo.
Los comerciantes dicen que esto se debe a una serie de clausuras hechas por autoridades porteñas que nunca se levantaron. “Apertura ya”, es una de las consignas pintadas en las banderas que colgaron desde los arcos superiores del inmueble y sobre el acceso de Independencia.
Desde hace un tiempo, hay propietarios y comerciantes de los puestos internos que van día por medio al lugar para hacer presencia, evitar robos y reclamar por la resolución de los conflictos que impiden el normal funcionamiento.
“De acá me van a sacar muerta”, dice a revista El Abasto Nora, comerciante histórica del mercado en rechazo al proyecto de expropiación. “Hace tres años que no podemos abrir. Perdimos clientes, ingresos y estabilidad”, expresó sobre la situación que padecen.
Lucas Hernández, abogado y representante de una de las familias propietarias, explicó que la situación actual es el resultado de un proceso que se arrastra desde hace años. Según su testimonio, el conflicto comenzó con una toma irregular del edificio durante la pandemia, cuando un grupo de personas ingresó al predio y se adjudicó la administración.
Según dijo, eso ocurrió en una medianoche de pandemia. Según su versión, apenas unos dos propietarios –de unos 150 puestos en todo el predio- y gente ajena a la administración quisieron hacer una asamblea sin sustento legal.
Si bien se hizo una denuncia y se buscó caratular el hecho como una usurpación, el letrado dijo que la Justicia local no lo tomó en cuenta.
Hernández denunció una serie de irregularidades posteriores, incluyendo usurpaciones, robos, amenazas y persecuciones contra los comerciantes. Además, cuestionó la actuación judicial y sostuvo que, pese a fallos que desconocían a las autoridades impuestas, la situación nunca se normalizó.
Primo, comerciante y propietario dentro del mercado, dijo que este es un histórico mercado del barrio y siempre se caracterizó por la variedad y precios populares de sus comercios.
Lamentó que la situación cambió abruptamente durante la pandemia, cuando surgió una administración paralela que comenzó a exigir pagos a los comerciantes.
“De un momento a otro apareció un grupo que dijo ‘somos nosotros’. Había una administración legal, pero esta otra empezó a intimarnos y a exigirnos que paguemos”, explicó.
El comerciante aseguró que quienes no aceptaban esa autoridad sufrían presiones y episodios de violencia. “Las patoteadas las sufrimos todos. Incluso a quienes representaban legalmente a los propietarios”, afirmó.
Además, señaló que la disputa interna derivó en una parálisis total de la actividad: “Se cerró todo y nosotros perdimos la posibilidad de trabajar. Nadie nos preguntó cómo sostenernos”.
En ese contexto, el abogado Hernández calificó el proyecto de expropiación como “la culminación de un proceso de presión institucional”, señalando que implicaría la pérdida definitiva de los derechos de los propietarios sobre el inmueble.
Los manifestantes aseguran que continuarán visibilizando el reclamo hasta obtener respuestas concretas, tanto por la reapertura del mercado como por la posible expropiación. Mientras tanto, el histórico edificio permanece cerrado, en el centro de una disputa que combina intereses urbanos, derechos de propiedad y la subsistencia de decenas de familias.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
