Ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Río de Janeiro 473/481, en el barrio de Almagro, con el objetivo de destinarlo a una zona permanente de seguridad educativa, evacuación y autoprotección para la comunidad de ORT Argentina.
La iniciativa fue presentada por la propia Asociación ORT Argentina, mediante una nota dirigida a la presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, en la que solicita el tratamiento del proyecto por considerar que permitirá reforzar las condiciones de seguridad en el entorno del establecimiento educativo.
Una zona de resguardo para la comunidad educativa
El proyecto establece que el inmueble expropiado será destinado exclusivamente a la creación y mantenimiento de un espacio de seguridad para el complejo educativo administrado por ORT Argentina, ubicado en las inmediaciones.
Además, propone autorizar a la institución educativa a actuar como sujeto expropiante privado, en los términos de la Ley 238 de expropiaciones de la Ciudad. De aprobarse la iniciativa, la Asociación ORT asumiría íntegramente el pago de la indemnización correspondiente y de todos los costos derivados del proceso expropiatorio, sin afectar recursos del presupuesto porteño.
La valuación del inmueble sería realizada por el Banco Ciudad, conforme al procedimiento previsto en la normativa vigente.
Los fundamentos del proyecto
Entre los argumentos expuestos, se señala que el complejo educativo recibe diariamente alrededor de 3.600 alumnos, además de docentes, personal no docente, familias y otras personas que concurren al establecimiento.
Según el texto, la cercanía y las características del inmueble ubicado en Río de Janeiro 473/481 tienen una incidencia directa sobre las condiciones de circulación, evacuación y seguridad del predio escolar, por lo que se considera necesario incorporarlo a un esquema permanente de protección.
El proyecto también recuerda los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994, como antecedentes que impulsaron la implementación de medidas especiales de seguridad en instituciones de la comunidad judía y otros establecimientos de alta concurrencia.
Audiencia pública obligatoria
La propuesta prevé que, antes de una eventual sanción, deberá realizarse la audiencia pública prevista en la Ley 238 para los procesos de expropiación.
Asimismo, establece que los informes técnicos, planos y documentación vinculada con las medidas de seguridad tendrán carácter reservado cuando su difusión pueda comprometer la eficacia de los dispositivos de protección previstos.
De avanzar en la Legislatura, la iniciativa permitiría incorporar el inmueble lindero al complejo educativo para conformar un área destinada a mejorar los protocolos de evacuación, la organización de los accesos y las condiciones generales de seguridad de la comunidad educativa.
J.C.
Foto: Street View
