La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves 29 de octubre una serie de iniciativas que modifican el sistema de scoring para conductores, crean servicios públicos vinculados con la disposición final de los restos de animales de compañía e incorporan contenidos sobre derechos animales en las escuelas. También avaló medidas de asistencia para consumidores sobreendeudados, cambios para agilizar trámites administrativos y comerciales y la declaración de emergencia hídrica y climática ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
Cambios en el scoring y las multas de tránsito
La reforma del Código de Tránsito y Transporte y del Régimen de Faltas establece que la quita de puntos de la licencia de conducir deberá aplicarse cuando exista una sanción administrativa o judicial firme. De esta manera, el pago voluntario de una multa ya no implicará automáticamente el descuento de puntos, aunque las sanciones correspondientes a cada infracción se mantendrán cuando se cumplan las condiciones previstas por la normativa.
La iniciativa conserva la posibilidad de pagar las multas con una bonificación del 50% dentro de los 40 días corridos desde la notificación. Si el infractor solicita la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas dentro de ese plazo y finalmente es sancionado, podrá acceder a una bonificación del 25%. Las infracciones más graves, como determinadas conductas vinculadas con el consumo de alcohol o estupefacientes al conducir, los excesos de velocidad superiores al 30% del límite y la conducción peligrosa, quedan excluidas del pago voluntario.
La ley también modifica las condiciones para recuperar puntos mediante cursos de educación vial. Para determinadas infracciones, se podrá recuperar el puntaje descontado con una capacitación aprobada, con límites anuales según la gravedad de la falta. Los cursos estarán a cargo de organismos públicos o instituciones autorizadas y serán costeados por los infractores.
Además, se establecen períodos de inhabilitación crecientes para quienes pierdan todos los puntos de manera reiterada: 60 días la primera vez, 120 días la segunda, 180 días la tercera y 24 meses desde la cuarta. A partir de la segunda vez, también se dispone la caducidad de la licencia vigente y la obligación de realizar un nuevo trámite para obtenerla nuevamente.
Cementerio público, cremación de mascotas y educación animal
En materia de protección animal, la Legislatura aprobó iniciativas para ofrecer alternativas públicas a las personas que deben afrontar la muerte de sus mascotas. Los proyectos contemplan la creación de un Cementerio Público de Animales, un complejo con servicios de inhumación y cremación y un sistema público de cremación que funcionaría inicialmente en el Cementerio de la Chacarita.
La propuesta del cementerio prevé un predio que deberá definir el Gobierno porteño, con controles veterinarios y sanitarios, regulación del traslado de los restos y medidas para garantizar un tratamiento adecuado de los residuos. El servicio contemplará la posibilidad de inhumar o cremar a los animales, con mecanismos de gratuidad para determinadas organizaciones de protección animal y personas en situación de vulnerabilidad.
Otra iniciativa plantea un complejo con servicios de inhumación, cremación y traslado. Mientras que la inhumación estará sujeta al pago de un canon regulado, la prestación básica de cremación será gratuita y los servicios adicionales, como la cremación individual o la entrega de una urna, podrán tener un costo.
El tercer proyecto establece un servicio público de cremación que tendrá como sede inicial el Cementerio de la Chacarita y que podrá extenderse a otras instalaciones. También contempla un espacio de memoria y homenaje para depositar cenizas o realizar despedidas. La normativa prevé criterios de prioridad para la asignación de turnos, convenios con organizaciones rescatistas y la posibilidad de brindar el servicio sin cargo en casos de animales recogidos de la vía pública sin responsable conocido o cuando sus responsables acrediten vulnerabilidad social y residencia en la Ciudad.
Por otra parte, se aprobó la denominada Ley Empatía, que incorpora contenidos sobre derechos animales y cuidado de otras formas de vida en todos los niveles y modalidades del sistema educativo porteño, tanto estatal como privado. La propuesta contempla temas como la capacidad de sentir de los animales, el abandono, el maltrato, el tráfico de especies silvestres, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
La iniciativa también prevé capacitación obligatoria y gratuita para docentes, materiales pedagógicos y proyectos escolares articulados con organizaciones y especialistas. Asimismo, establece que los establecimientos educativos no podrán organizar ni promover actividades en espacios o eventos donde se vulneren los derechos de los animales.
Asistencia a consumidores sobreendeudados y controles a las cobranzas
En el ámbito económico, se aprobaron dos proyectos destinados a reforzar la protección de consumidores que atraviesan dificultades para afrontar sus deudas.
Uno de ellos crea la Oficina de Protección y Alivio Financiero al Consumidor Sobreendeudado, que brindará orientación y asistencia técnica, jurídica e interdisciplinaria gratuita a residentes porteños. Está dirigida a personas cuyo nivel de endeudamiento comprometa la cobertura de necesidades esenciales o una subsistencia digna. Como criterio general, se contemplan hogares con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos, vitales y móviles y cuyo servicio de deuda absorba más del 30% de los ingresos netos disponibles, con posibilidad de flexibilizar esos límites para determinadas situaciones de vulnerabilidad.
La oficina podrá revisar la composición de las deudas, los intereses y los cargos aplicados, orientar a los consumidores, promover acuerdos de refinanciación y brindar asistencia ante posibles incumplimientos de las normas de defensa del consumidor. La atención podrá realizarse a través de la Línea 147 y de puestos presenciales descentralizados en las sedes comunales.
El segundo proyecto modifica la normativa sobre gestión extrajudicial de cobranzas para prevenir y sancionar prácticas abusivas. Entre las conductas alcanzadas figuran el hostigamiento mediante comunicaciones reiteradas, los contactos en horarios indebidos, la falta de información clara sobre el origen y la composición de la deuda y la difusión de datos a terceros ajenos a la relación de consumo.
La iniciativa crea un programa integral de prevención, fiscalización y recepción de denuncias, además de un Registro Público de Infractores por Prácticas Abusivas de Cobranza. Allí podrán incorporarse empresas o agentes que cuenten con sanciones firmes por incumplimientos graves o reincidencia. También se prevén campañas de concientización e informes periódicos sobre las denuncias y las sanciones aplicadas.
Silencio administrativo positivo y Ley de Libertad Comercial
La Legislatura también aprobó cambios en los procedimientos administrativos del Gobierno porteño para reducir demoras y simplificar gestiones.
La reforma sobre silencio administrativo positivo establece que, en determinados procedimientos, la falta de respuesta dentro del plazo legal podrá interpretarse como una aprobación cuando el solicitante cumpla con los requisitos exigidos y se trate de una autorización para ejercer un derecho preexistente. El mecanismo no se aplicará de manera general a todos los trámites: quedan excluidos distintos procedimientos vinculados con permisos, concesiones, excepciones legales, evaluaciones específicas y situaciones que puedan comprometer a personas, bienes o intereses colectivos.
Cuando una normativa especial no establezca un plazo, se fija un límite de 60 días para resolver. El Gobierno porteño deberá identificar y publicar los procedimientos alcanzados por el régimen, mientras que las áreas administrativas tendrán 90 días para relevarlos.
En paralelo, la Ley de Libertad Comercial crea un régimen de simplificación administrativa para las actividades económicas. Entre sus herramientas incluye la digitalización integral de los procedimientos, una Ventanilla Única de Trámites, la interoperabilidad entre organismos y un expediente único vinculado al CUIT o CUIL de cada operador. También busca evitar que se solicite reiteradamente documentación que ya esté en poder de la Administración.
La norma establece un plazo general de 30 días hábiles para resolver los procedimientos, una vez presentada la documentación completa. Si no se formulan observaciones dentro del plazo previsto, la presentación se considerará formalmente admitida. Si vence el plazo sin observaciones ni una decisión expresa, podrá configurarse el silencio positivo, con las excepciones contempladas por la ley. El régimen no elimina los requisitos legales ni las facultades estatales de inspección y control. Su entrada en vigencia quedará sujeta a la reglamentación, que deberá dictarse dentro de un máximo de 120 días hábiles desde la publicación de la norma.
Emergencia hídrica y climática por El Niño
Por último, la Legislatura declaró la emergencia hídrica y climática de la Ciudad ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que puede modificar los patrones de precipitaciones y aumentar el riesgo de lluvias intensas, inundaciones, sudestadas y anegamientos.
La ley establece un período inicial de seis meses, prorrogable por lapsos iguales mientras persistan las condiciones que justificaron la medida. Para extender la emergencia, el Poder Ejecutivo deberá presentar un informe sobre la evolución de la situación, las acciones realizadas y sus resultados, que será evaluado por una comisión especial de la Legislatura.
La declaración habilita al Gobierno porteño a realizar readecuaciones presupuestarias para financiar obras hidráulicas, tareas de mantenimiento, prevención y respuesta ante eventos meteorológicos severos. También permite reorganizar temporalmente los recursos humanos de los organismos involucrados para atender las necesidades de la emergencia.
Entre las herramientas de asistencia, se contempla un régimen de subsidios no reintegrables y por única vez para personas y empresas que sufran daños directos en inmuebles o automotores. Los montos y requisitos serán definidos por la autoridad de aplicación, que deberá considerar la magnitud de los perjuicios y la situación de vulnerabilidad económica de los solicitantes.
Además, el Banco Ciudad podrá ofrecer créditos a tasa preferencial para reparar inmuebles y reparar o reponer vehículos afectados. La medida alcanza a personas, consorcios de propiedad horizontal y establecimientos comerciales. La norma también habilita a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), una vez cubiertas sus obligaciones operativas, a destinar ingresos netos de la concesión a infraestructura vinculada con la emergencia o transferirlos a Rentas Generales para contribuir a mitigar sus efectos.
El seguimiento y la fiscalización estarán a cargo de una comisión especial legislativa, que podrá solicitar información, formular recomendaciones y analizar las medidas adoptadas, incluidas las eventuales prórrogas de la emergencia.
J.C.
