Balvanera y Almagro figuran entre los barrios porteños con más propiedades desalojadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según el balance difundido por Jorge Macri este martes, se realizaron 130 procedimientos en Balvanera y 53 en Almagro. En San Cristóbal hubo 38 y en Boedo, 14. Es una de las zonas con más procedimientos de toda CABA.
Según el balance del Gobierno porteño, las 1.000 propiedades recuperadas desde el inicio de la política de restitución representan un valor superior a los 500 millones de dólares.
Los operativos se realizan mediante la coordinación de la Policía de la Ciudad, la Justicia y distintas áreas del Ejecutivo, entre ellas la Guardia de Auxilio, Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control y Ordenamiento Urbano y Espacio Público.
También participa la Red de Atención para evaluar la situación de las personas que ocupan los inmuebles y, cuando hay menores, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El anuncio de Jorge Macri incluye viviendas, hoteles, edificios y predios estatales recuperados por ocupaciones ilegales, aunque en otros procedimientos de la zona los desalojos se dispusieron por riesgos estructurales.
Algunos casos denunciados en la zona por vecinos estaban en Sarmiento y Ecuador, Sarmiento y Boulogne Sur Mer y Maza y Rivadavia. En Cochabamba al 2600 desalojaron una propiedad sin propietario que estaba ocuada hacía décadas.
El GCBA presenta los operativos como la recuperación de propiedades usurpadas, pero también hubo muchas acciones de desalojo por riesgo edilicio que afectaron a familias que aseguran ser propietarias o inquilinas de los inmuebles.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en junio en Alberti al 500, en Balvanera. Tras el operativo, Macri calificó en redes sociales al lugar como una “guarida de delincuentes”. No obstante, las personas desalojadas sostuvieron que eran propietarios e inquilinos de larga data y que la intervención se había dispuesto por el supuesto peligro de derrumbe. Según los vecinos, algunos propietarios trabajan para reparar el inmueble y poder regresar.
Una situación similar se registró en un inmueble de Agüero y San Luis, en el Abasto, cuyos propietarios ya regresaron al lugar. En estos casos, las medidas fueron administrativas y se fundamentaron en cuestiones de seguridad estructural, no necesariamente en una denuncia de usurpación.
El tema llegó a la Legislatura porteña en abril, cuando se aprobó un pedido de informes impulsado por la legisladora Victoria Freire y otros diputados para que el Ejecutivo detallara los procedimientos de desalojo preventivo, urgente y extraordinario vinculados con riesgos edilicios.
Otro antecedente es el edificio de Sarmiento y Jean Jaurés, desalojado en enero por peligro de derrumbe. Después de meses de cortes y restricciones de tránsito por desprendimientos y tareas de seguridad, la circulación vehicular fue habilitada nuevamente mientras continúan los trabajos de apuntalamiento y reparación.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
