El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la clausura preventiva de la totalidad del inmueble ubicado en Billinghurst al 300, casi esquina Sarmiento, en Almagro, debido a las graves deficiencias estructurales detectadas durante una inspección.
Según la Disposición N.º 229/DGGAYE/26, publicada en el Boletín Oficial porteño el 15 de octubre de 2026, un profesional de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias inspeccionó la propiedad el 14 de septiembre, por solicitud de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El informe técnico describió un inmueble entre medianeras, con planta baja destinada a un local comercial, dos pisos superiores que originalmente habrían sido concebidos como vivienda unifamiliar y una azotea accesible. Con el tiempo, la vivienda fue subdividida para alojar a varias familias.
Durante la inspección se constató un estado de deterioro generalizado. Las losas de bovedilla sobre habitaciones y circulaciones superiores presentaban daños importantes, con riesgo de colapso y perfiles metálicos desprendidos de los muros y deteriorados por la falta de impermeabilización.
También se observaron escaleras en mal estado debido a la oxidación de sus anclajes, además de estructuras que sostenían cielorrasos caídos o con riesgo de desprendimiento.
A esto se sumó la presencia de construcciones realizadas sin autorización en la azotea, que, de acuerdo con el informe, agregaban cargas que no habían sido contempladas en el cálculo estructural. Esas construcciones presentaban desplazamientos y carecían de anclajes adecuados, lo que provocaba daños en las losas sobre la planta baja.
Ante la falta de condiciones mínimas de seguridad, el profesional interviniente dispuso la clausura inmediata y preventiva de toda la propiedad. La medida fue comunicada mediante la Notificación de Clausura N.º 970/DGGAyE/2026 y posteriormente ratificada por la disposición firmada el 9 de octubre.
Intimaron a los propietarios a realizar las reparaciones
La resolución establece que los propietarios deberán acreditar, dentro de los tres días posteriores a la notificación, un plan de trabajo firmado por un profesional matriculado. Además, fija un plazo de diez días para realizar las tareas necesarias para restablecer las condiciones de seguridad.
Los trabajos deberán ejecutarse bajo la dirección de un profesional responsable y de manera inmediata y continua, con el objetivo de recuperar la estabilidad estructural del inmueble o llevar adelante las reconstrucciones que resulten necesarias.
La disposición también establece que la clausura implica la desocupación de los sectores afectados por el peligro que representa permanecer en ellos. En caso de negativa, la desocupación podrá realizarse mediante la intervención de la fuerza pública.
J.C.
Foto: archivo GCBA
