La Caminata de Warmis pasó este jueves por Plaza Miserere, en el cruce de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en Once, como parte de la movilización que llevó a mujeres de pueblos originarios desde ese punto hasta el Congreso de la Nación, en Rivadavia y Entre Ríos, también en el barrio de Balvanera.
El reclamo había iniciado hace un mes en Jujuy contra la contaminación ambiental, el avance de la actividad minera y el despojo de territorios ancestrales.
Las integrantes de la llamada Caminata de Warmis —mujeres, en lengua quechua— llegaron a Buenos Aires después de recorrer alrededor de 2.000 kilómetros desde la localidad jujeña de Rinconada. La travesía comenzó el 3 de agosto y atravesó distintas localidades de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, con una escala reciente en Rosario, indicaron Página 12, Anred y Presentes.
Este jueves, las manifestantes se concentraron en Plaza Miserere y desde allí marcharon hacia el Congreso para presentar un petitorio. Según informó SISAS, durante la jornada la Policía inicialmente no permitió la caminata de las mujeres hacia la plaza. Finalmente, la movilización continuó su recorrido por Once, por la vereda de la mano izquierda de Rivadavia y también por el carril izquierdo de la avenida, y luego hacia el Congreso de la Nación.
La protesta forma parte de la segunda Caminata de Warmis en defensa de la Pachamama. Las mujeres provenientes de la Puna, la Quebrada y los Valles jujeños decidieron trasladar su reclamo hasta Buenos Aires luego de no obtener respuestas de organismos provinciales tras la movilización realizada en 2025.
Uno de los principales reclamos de las Warmis es la situación de la Laguna de Pozuelos, un sistema hídrico de la Puna jujeña reconocido como Monumento Natural, Sitio Ramsar y Reserva de Biosfera. Las comunidades denuncian contaminación del agua y daños vinculados a la actividad minera, y señalan particularmente a las minas Pan de Azúcar, Pirquitas y Chinchillas, además del avance de nuevos pedimentos mineros en la cuenca.
Las mujeres sostienen que la actividad extractiva afecta las fuentes de agua, los animales y las condiciones de vida de las comunidades. Florencia Solís, integrante de la Comunidad Aborigen de Puya Puya, señaló que la principal preocupación es el agua y advirtió sobre el deterioro de la laguna y el impacto del consumo de recursos hídricos por parte de la minería.
El reclamo también incluye la defensa de los territorios ancestrales y el cumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada establecido por el Convenio 169 de la OIT. Las comunidades cuestionan además el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, en particular respecto del acceso a la información y la justicia ambiental, y buscan que el Congreso reconozca efectivamente a los pueblos originarios como sujetos de derecho colectivo.
La movilización de este año es continuidad de la realizada en Jujuy en 2025, cuando presentaron un petitorio ante autoridades provinciales sin obtener, según las organizadoras, respuestas a sus demandas.
J.C.
Foto: @prensaobrera
