Representantes de la CTA Autónoma Capital, vendedores ambulantes de Once y Balvanera, organizaciones vecinales y la Defensoría del Laburante mantuvieron este jueves una reunión en la sede de ATE, sobre la avenida Belgrano en el barrio de Balvanera, para analizar la situación de los trabajadores de la vía pública y evaluar la elaboración de un proyecto de ley que regule la actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Es un reclamo que genera episodios todos los días en Once, la zona comercial de Balvanera.
El encuentro tuvo como eje el aumento de los operativos de control sobre la venta ambulante y las denuncias de los trabajadores por el secuestro de mercadería y presuntos episodios de hostigamiento durante los procedimientos. Según explicaron los participantes, el objetivo es avanzar en una propuesta normativa que establezca reglas para el ejercicio de la actividad y permita abrir una instancia de diálogo con las autoridades porteñas, informó Tiempo Argentino.
José Peralta, secretario adjunto de la CTA Autónoma Capital, sostuvo que la central sindical brindará acompañamiento a los vendedores ambulantes y afirmó que una de las alternativas en estudio es impulsar una regulación específica. “Estamos pensando en la redacción de algún proyecto de ley que les permita trabajar dignamente”, señaló.
Durante la reunión también participaron integrantes de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), quienes aseguraron que los controles dificultan el desarrollo de su actividad. Desde la organización manifestaron que buscan continuar trabajando en la vía pública y que, además del respaldo sindical, mantienen contactos con distintos actores institucionales para exponer su situación.
Otro de los sectores presentes fue la agrupación vecinal Manzana 66, cuyos referentes expresaron su apoyo a los vendedores ambulantes y cuestionaron la política de fiscalización del Gobierno porteño. En ese marco, sostuvieron que mientras se intensifican los operativos contra la venta callejera persisten otras problemáticas en el barrio de Balvanera, como la venta de drogas y distintas actividades ilegales.
Los vecinos también denunciaron presuntos episodios de hostigamiento contra vendedores ambulantes y personas en situación de calle, además de cuestionar el accionar de grupos que, según afirmaron, intervienen en el espacio público.
Por su parte, el Gobierno porteño sostiene que los operativos tienen como finalidad recuperar el espacio público y combatir la venta ilegal. De acuerdo con la versión oficial, la mercadería decomisada es trasladada a depósitos que dependen del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana o de la Agencia Gubernamental de Control, donde se determina su destino conforme a la normativa vigente.
