El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que Balvanera es el barrio donde más desalojos se realizaron desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, con un total de 116 procedimientos. Le siguen Almagro, con 53, Palermo (54), Constitución (49) y La Boca (44), según datos oficiales difundidos este martes.
El anuncio se realizó durante un operativo en una fábrica de estilo neocolonial ubicada en la avenida La Plata 2859, en Nueva Pompeya, que permanecía usurpada desde hacía unos 40 años. El inmueble, de más de 3.500 metros cuadrados, cuenta con planta baja, cinco pisos y una azotea, además de un acceso secundario por la calle Fournier 2844.
De acuerdo con el Gobierno porteño, se trata de la propiedad número 900 recuperada en el marco de la política de restitución de inmuebles ocupados. El operativo contó con la participación de personal de Emergencias, la Red de Atención, Bomberos, la Guardia de Auxilio y la Policía de la Ciudad.
Durante la recorrida, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: “Propiedad número 900 recuperada. Estamos muy orgullosos, es un mensaje muy claro: en la Ciudad de Buenos Aires la propiedad privada se respeta. Y no vamos a permitir que quieran venir a instalar el caos como norma ni que traigan lo peor del conurbano a nuestra Ciudad”.
El comunicado oficial agrega que la política de recuperación de inmuebles “les ha devuelto a los legítimos dueños que tenían inmuebles tomados el equivalente a más de 450 millones de dólares” y afirma que la medida también contribuyó a mejorar la seguridad en los barrios y a reducir los índices delictivos.
La postura de organismos de derechos humanos
En paralelo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la política de desalojos implementada por el Gobierno porteño. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó este 29 de julio que se presentó en una causa colectiva que investiga los operativos realizados por supuestos riesgos de derrumbe, al considerar que esa modalidad deja a familias en situación de calle sin brindar respuestas habitacionales adecuadas.
Según el organismo, la causa se inició a partir de la denuncia de una familia desalojada en Barracas y tramita en el juzgado de Roberto Gallardo. En ese expediente, el magistrado dictó una medida cautelar que, según el CELS, exige control judicial de los procedimientos, garantías de debido proceso, revisión técnica de los informes sobre riesgo edilicio y respuestas habitacionales por parte del Gobierno de la Ciudad, mientras se resuelve la apelación presentada por la administración porteña.
El CELS señaló que, durante la gestión de Jorge Macri, se realizaron casi 800 desalojos, de los cuales alrededor de 60 correspondieron a operativos basados en presuntos riesgos de derrumbe. Además, sostuvo que en los últimos meses se incrementaron los casos de familias que denunciaron hostigamientos durante esos procedimientos.
La organización también afirmó que las familias desalojadas reciben un subsidio de emergencia de 200.000 pesos y que, a su criterio, esa asistencia resulta insuficiente para acceder a una vivienda. Asimismo, indicó que muchas personas terminan alojándose en hoteles o pensiones alejados de sus lugares habituales de trabajo, estudio y residencia.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
