La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle el procedimiento de clausura y posterior evacuación de un inmueble ubicado en Cochabamba 2642, en el barrio de San Cristóbal, ocurrido el 2 de marzo de 2026.
La iniciativa fue impulsada por los diputados Alejandro Salvatierra, María Bielli, Victoria Freire, Andrea González, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli, Graciana Peñafort y Delfina Velázquez, y establece un plazo de 30 días para que el Gobierno porteño responda una serie de requerimientos vinculados al operativo.
El proyecto busca esclarecer las condiciones en las que se llevó adelante la intervención, en particular el rol de la Guardia de Auxilio y la eventual utilización de procedimientos administrativos que derivaron en el desalojo de familias sin la intervención judicial correspondiente. En ese sentido, los legisladores solicitaron documentación que justifique la urgencia de la medida y que explique por qué no se adoptaron alternativas como tareas de apuntalamiento o reparación del edificio.
Entre los puntos centrales, se pide información sobre los organismos que participaron del operativo, la intervención de la Policía de la Ciudad —incluyendo cantidad de efectivos, divisiones y vehículos— y los protocolos aplicados para este tipo de procedimientos.
Asimismo, el pedido de informes pone el foco en la situación de las personas afectadas. Se requiere conocer la cantidad de familias desalojadas, su composición —incluyendo niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad— y las soluciones habitacionales ofrecidas por el Gobierno porteño, con el objetivo de evaluar si se garantizan condiciones adecuadas y acordes a la normativa vigente en materia de vivienda.
También se solicita información sobre la intervención del programa Buenos Aires Presente (BAP) y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, los mecanismos de censo implementados durante el operativo y la eventual participación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El requerimiento incluye además detalles sobre la logística del desalojo, como la utilización de camiones para el traslado de pertenencias, la posible tercerización de esos servicios y la identificación del personal interviniente.
Por último, los legisladores pidieron precisiones sobre la titularidad del inmueble y el destino que tendrá una vez finalizada la evacuación.
J.C.
Foto: Revista El Abasto – desalojo de San Cristóbal
