El legislador Alejandro Salvatierra junto a Victoria Freire, Berenice Iañez y Delfina Velázquez, presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo porteño sobre el operativo migratorio realizado el 17 de abril de 2026 en Once, la zona comercial de Balvanera. Intervinieron uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) y empleados de la Agencia Nacional de Migraciones.
Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires piden precisiones sobre la legalidad, coordinación y resultados del procedimiento, así como el rol de las autoridades porteñas.
El pedido apunta, en primer lugar, a determinar si existió un convenio vigente o un requerimiento formal del Ministerio de Seguridad de la Ciudad que justificara la participación de fuerzas federales en tareas de seguridad en territorio porteño. También solicita detalles sobre la coordinación entre jurisdicciones, incluyendo qué अधिकारियों locales intervinieron y registros de comunicaciones durante el operativo.
Otro eje central del proyecto es el encuadre normativo de los controles de identidad realizados en la vía pública. En ese sentido, se pide al Ejecutivo que informe qué normas habilitaron a agentes migratorios a requerir documentación sin orden judicial ni indicios de delito, y si hubo intervención previa del Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, se solicita precisar qué presunto delito de jurisdicción federal motivó la participación de la Policía Federal Argentina en un operativo de seguridad preventiva, una competencia que, según la normativa vigente, corresponde a la Ciudad. En esa línea, se requiere explicar por qué la Policía de la Ciudad no encabezó el despliegue y cuál fue su función.
El proyecto también exige información sobre los criterios utilizados para solicitar documentación a peatones y trabajadores, con el objetivo de descartar posibles prácticas discriminatorias o de “perfilamiento racial”. Se incluyen pedidos sobre medidas adoptadas para garantizar el principio de no discriminación y prevenir situaciones de violencia institucional.
Entre otros puntos, se solicita un detalle de los resultados del operativo —como personas demoradas, infracciones labradas y su tipificación—, la eventual intervención judicial, y datos estadísticos sobre delitos en el barrio de Once durante el último año, desagregados por nacionalidad de los autores.
La iniciativa también requiere información sobre el cumplimiento del derecho a la asistencia consular para personas extranjeras, los protocolos vigentes para la actuación de fuerzas federales en la Ciudad y el costo operativo asumido por el gobierno porteño.
En los fundamentos, los autores señalan que la intervención de fuerzas federales en la Ciudad debe ser excepcional y estar debidamente justificada, en el marco de la autonomía establecida por la Constitución Nacional. Además, advierten sobre la necesidad de garantizar derechos y evitar prácticas discriminatorias en operativos de control poblacional.
J.C.
