El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la eliminación de los planes sociales vigentes y la creación de un nuevo programa orientado a la capacitación laboral y la inserción en el empleo formal. La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 140/26 y alcanzará a unas 5.000 personas, con un período de transición de un año.
La iniciativa establece el reemplazo del esquema asistencial por un sistema que combina formación obligatoria, apoyo económico directo y articulación con el sector privado. Según se informó, los beneficiarios deberán participar en instancias de capacitación y cumplir con determinados requisitos para mantener la prestación.
El decreto también dispone la derogación de programas anteriores como el VIEL, Veredas Limpias, el Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT) y el PREASIS. De acuerdo con los considerandos de la norma, estas herramientas habían quedado desactualizadas o resultaban insuficientes para los objetivos actuales de inclusión sociolaboral.
El nuevo programa quedará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que tendrá a su cargo su implementación y reglamentación. Entre sus objetivos se incluye promover la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad mediante capacitación, participación en tareas comunitarias y vinculación con empleadores.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de intermediarios en la asignación de fondos: los pagos serán directos a los beneficiarios. Además, se establecen criterios de elegibilidad vinculados a la residencia y la situación socioeconómica, junto con condiciones de permanencia asociadas al cumplimiento de las instancias formativas.
El programa tendrá una duración máxima de 12 meses por beneficiario y funcionará como un mecanismo de transición hacia el empleo. En ese marco, el Gobierno porteño informó que se avanzó en acuerdos con empresas, cámaras empresariales y universidades para facilitar prácticas formativas y oportunidades laborales.
En paralelo, durante el proceso de revisión del sistema vigente se detectaron 1.274 casos considerados irregulares. Según datos oficiales, el esquema anterior implicaba un gasto anual estimado en 10.000 millones de pesos y estaba compuesto por 85 convenios que serán dados de baja.
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