La Legislatura porteña, con su mayoría oficialista, aprobó ayer la ley Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, por la que se le otorgan al Ejecutivo conducido por Horacio Rodríguez Larreta herramientas como la “ilimitada” reasignación de partidas y la revisión de contratos de bienes y servicios para afrontar las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus. Y como si fuera poco, el organismo que controlaría las reasignaciones de partidas quedaría bajo el control del mismo signo político…
En una sesión que combinó presentismo con teleconferencia fue aprobada ayer dicha ley. Contó con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución, Consenso Federal y GEN, mientras recibió el rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad, y del Frente de Izquierda.
El proyecto había sido enviado a la Legislatura hace dos semanas desde el Poder Ejecutivo y, durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, dilatando su tratamiento y haciendo peligrar su aprobación, lo que derivó en una serie de modificaciones.
Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos. La norma aprobada podrá ser aplicada hasta el 31 de diciembre de este año y alcanza a los tres poderes del Estado porteño.
El debate duró casi tres horas y se discutieron responsabilidades de los gobiernos, las excepcionalidades dispuestas en momentos de emergencia, quiénes son los actores más perjudicados de la crisis y cuáles son las medidas necesarias para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.
El punto más polémico del proyecto original fue aquel que facultaría al gobierno de Rodríguez Larreta a escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado local ante una virtual falta de liquidez en las cuentas públicas.
En ese sentido, Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a esa idea como un “error” que fue “subsanado”, pero no dejó de recordarle a la oposición que en la historia de la Ciudad esa medida la habían tomado un gobierno peronista, en 1992, y un gobierno progresista, en 2002.
El presidente de la Comisión de Presupuesto dijo que fue el propio jefe de Gobierno quién decidió “retirar el escalonamiento que trajo mucha zozobra” y estimó que cuando se comete “algún que otro error” si se “puede enmendar, no es trágico, sino que habla de la grandeza de haber reconocido que podemos mejorar”.
Por otro lado, desde los partidos opositores, señalaron que la ley nada dice de los contratos de locación de servicio, lo que pone en riesgo potencial a “cerca de 18 mil trabajadores”. También se criticó de manera reiterada que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, no existieran mayores controles parlamentarios.
Sobre ese punto, Cecilia Segura (Frente de Todos) señaló que la estructura de ese organismo pone la mayoría y la presidencia a manos del oficialismo: “Más que de fiscalización, esta es una comisión de convalidación de la impunidad” sostuvo al hacer referencia a la Comisión de Seguimiento propuesta por el oficialismo con mayoría oficialista y presidida por un diputado o diputada también oficialista.
De la misma bancada, Javier Andrade, cuestionó la eliminación del tope del 5% para redireccionar partidas y señaló que, por ejemplo, la Ley de Emergencia Nacional votada en diciembre último ponía un tope del 7,5%. Andrade dijo además que esta crisis puso en evidencia otras carencias “estructurales” generadas por el “macrismo”, cómo “la pérdida de 500 camas de internación que ahora se está trabajando para recuperar”.
También se destacaron las críticas a la concentración de todos los ingresos en una cuenta pública unificada y en el redireccionamiento de los fondos del juego que se destinan al Instituto de la Vivienda hacia otras áreas sensibles.
“Los que votan esta ley lo están haciendo para que no haya agua en las villas de la Ciudad”, disparó Gabriel Solano (FIT-PO) quién además apuntó contra la precarización de los salarios, especialmente los del personal de salud, quienes afrontan la pandemia “sin los equipamientos de protección” necesarios.
En cambio, el oficialista Roy Cortina, del llamado Partido Socialista, afirmó que no se trata de una “ley perfecta para todos pero es absolutamente razonable”, mucho “más sobria que la ley de emergencia nacional”.
La legisladora, María Rosa Muiños (Frente de Todos), expresó que “la ley de Emergencia del Ejecutivo no cumple con ninguna de las cosas que nosotros solicitamos en ese debate. Básicamente, no tiene un control serio. Nuestro proyecto de minoría contempla proyectos que fuimos presentando en cuanto al destino del gasto, que es lo que falta en esta Ley. El Ejecutivo ordena de dónde van a sacar los recursos pero no dice a dónde van”.
Mientras, el legislador Leandro Santoro aludió a “la pantomima o demostración teatral del consenso” por parte del Ejecutivo porteño y dijo no querer que “pase lo que pasó ayer que sacaron recursos de los comedores escolares para beneficiar al concesionario de los subterráneos Benito Roggio”. También exigió al Gobierno porteño que convoque a la oposición para gestionar la emergencia, como lo hizo el Gobierno Nacional a su nivel.
El bloque del Frente de Todos había presentado un proyecto alternativo a través de un dictamen de minoría, que incorporaba a la Ley de Emergencia la protección de las actividades económicas más golpeadas, como restaurantes, hoteles, taxis, centros culturales y clubes deportivos, entre otros.
“La Ciudad necesita una Ley de Emergencia, pero debe ser para ayudar a la gente. No podemos acompañar un proyecto de emergencia que no nos garantiza que se destinen los recursos al sistema de salud o a proteger a la población vulnerable. En este contexto, no podemos apostar por un proyecto que recorta programas sin precisar qué destino tendrá”, consideraron los legisladores del Frente de Todos. Además, se debe establecer el deber de convocar a la Auditoría General de la Ciudad a realizar un examen de las compras y contrataciones.
“Venimos reclamando más recursos para los barrios populares, insumos para los trabajadores de la salud, refuerzos alimentarios para la población más humilde y medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la Ciudad que están siendo afectados por la caída de la actividad como las pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros”, sostuvieron.
“Nos preocupa que el proyecto concede una serie de superpoderes al Poder Ejecutivo porteño sin establecer mecanismos de control confiables. Como legisladores, queremos ejercer nuestras responsabilidades de manera correcta y no que nos las recorten. Este es un momento para fortalecer las instituciones, no para achicar sus funciones”, indicaron desde el bloque.
U.K.
