El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó que seguirá adelante con el sistema de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, pese a que se hizo público que ya hubo varios casos de falsos positivos, es decir, ciudadanos inocentes encarcelados porque las cámaras los confundieron con prófugos de la justicia.
Este martes, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, inspeccionaron el Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad.
Estuvieron junto al titular del Registro Nacional de las Personas Juan D´Amico y el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro.
“Desde el 25 de abril ya se identificaron y pusieron a disposición de la Justicia a 296 personas, de las cuales 45 quedaron detenidas, por delitos graves, siendo los casos más llamativos el de 3 acusados de homicidio, 3 por delitos sexuales y 13 por robos y hurtos”, destacó Santilli. Agradeció al Renaper ya que sin su colaboración “no hubiéramos podido avanzar con este sistema”.
Frigerio destacó “la eficiencia del sistema, el cual llega a 10 detenidos por semana”. Este sistema de reconocimiento facial “es un antes y un después” por eso “necesitamos aplicarlo en todo el país” agregó el ministro.
Según fuentes oficiales, el reconocimiento facial opera en forma rotativa sobre 300 de las casi 7.000 cámaras instaladas en los puntos neurálgicos de la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y principales estaciones y nodos de la red de subterráneos.
“El sistema genera alertas de detención de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, que se encuentran incluidos en una base de datos de más de 46 mil registros del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC)”, explica el ministerio porteño.
El Grupo de Litigio Estratégico, integrado por abogados dedicado a llevar casos de interés público en modalidad de clínica jurídica, informó sobre los falsos positivos.
Adrián Albor, integrante del grupo de abogados, contó a Página 12: “El avasallamiento de libertades que hace el Estado es muy grande cuando autoriza un sistema que tiene un importante margen de error y que le puede arruinar la vida a una persona metiendo gente presa por las dudas”, dijo Albor.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dijeron que “hay un protocolo de actuación cuando se da el alerta, y una vez que se identifica a la persona se llama al juzgado interviniente”.
Esto significa que para la Ciudad la responsabilidad está en el Poder Judicial porque, aseguraron, “es la justicia la que decide si libera, detiene o demora”.
J.C.
