La Policía de la Ciudad, ante requerimiento del Gobierno porteño, intentaba concretar este lunes al mediodía un desalojo administrativo ante un presunto “riesgo de derrumbe” en un inmueble ubicado en Cochabamba 2642, casi esquina Jujuy, en San Cristóbal. Allí residen hace más de 20 años unas 35 familias. Según contaron, hay al menos cinco chicos con discapacidad, además de un adulto con discapacidad motriz. Denuncian que el peligro edilicio no fue acreditado por informes técnicos concluyentes.
Según dijeron las familias a Revista El Abasto, las autoridades les transmitieron que la intención oficial es vaciar la propiedad y tapiarla cerca de las 17.
De acuerdo con el testimonio de una vecina, el terreno que ocupan —identificado como C42— “no tiene dueño” y sería una propiedad sin titularidad clara. “Nosotros no habíamos hecho un desalojo. El terreno donde estamos no tiene dueño. Como no hay nadie que nos saque, no tienen medios de sacarnos”, sostuvo una vecina ante Revista El Abasto. En ese contexto, afirma que las autoridades recurrieron a un presunto riesgo estructural para justificar la medida.
Según relata, en enero personal oficial realizó una inspección en el edificio y en ese momento no se habría señalado ningún peligro. Sin embargo, semanas después, la situación cambió. “Nos vinieron en enero, nos hicieron una inspección y ahora mágicamente hay peligro”, cuestionó.
Siempre de acuerdo a su versión, primero intervinieron bomberos, quienes habrían determinado que la edificación no presentaba riesgo de derrumbe. Luego, asegura, se convocó a un ingeniero que finalmente firmó un informe indicando lo contrario. “Los bomberos dijeron que no tiene peligro de derrumbar, pero llamaron a un ingeniero a firmar que había peligro de derrumbe”, afirmó la mujer, quien puso en duda la actuación técnica.
La vecina sostiene que el proceso tendría carácter administrativo y no judicial, lo que —según entiende— limita las posibilidades de defensa. “Supuestamente es administrativo”, indicó. Mientras tanto, la situación en el lugar es crítica. “Nos han puesto la policía ahí y nos dicen que hasta las cinco de la tarde. A las cinco ellos van a tapiar, van a poner ladrillos”, describió.
Al momento del testimonio, aún había personas dentro del inmueble, entre ellas adultos mayores y personas con discapacidad. Los residentes aseguran que no recibieron asistencia de Defensa Civil ni una alternativa habitacional inmediata. “No hay nada, no tenemos nada”, expresó.
Esta mañana la entidad Consejerías de Vivienda emitió este comunicado: “El día de hoy, bajo la modalidad ya conocida de “riesgo de derrumbe”, el gobierno de jorge macri planea dejar en la calle a 35 familias, incluyendo niñxs, adultxs mayores y gente con capacidades diferentes. Sin mediar demasiada explicación, en horas de la mañana se acercó personal policial y agentes del gobierno informando que (con una inspección ocular brevísima y sin sustento) los técnicos de la ciudad definieron que el inmueble corre riesgo de derrumbe y debe ser desalojado hoy sin falta. No es casual que esto esté sucediendo. Mientras la semana pasada desalojaron otra parte del inmueble, la que el gobierno actualmente quiere desalojar transita un juicio civil de desalojo en curso”.
“Pero se ve que los tiempos judiciales son más lentos de lo que propietarios y estado necesitan para engrosar sus bolsillos. Así, sin previo aviso, dejan en la calle a familias cuyos hijos recién comienzan su ciclo lectivo. Cabe sumar que casi ningun alquiler acepta menores de edad, lo cual deja a las familias de Cochabamba en inminente situación de calle efectiva. Llamamos rodear de solidaridad a las familias, acercarse a la casa para ayudar en la exigencia de tener un informe de un perito de parte, para contraponer una mirada del lado de los vecinos, ya que no confiamos en el gobierno y su estrategia de “peligro de derrumbe” para hacer desalojos encubiertos”, sumaron.
La gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri celebró este fin de semana, con un desalojo en Tucumán al 2500 en Balvanera, que en sus dos años de administración desalojó 600 inmuebles ocupados. La mayoría están en la Comuna 3 de Balvanera y San Cristóbal, según datos oficiales.
Un comunicado del GCBA indica: “Balvanera lidera el ranking de barrios con más operativos de desalojo realizados (82), por delante de La Boca (43), Almagro (34), Constitución (29) y Barracas (27). Luego se ubican San Cristóbal (26), Flores (24), Caballito (23) y Palermo (22)”.
“Una vez realizados los desalojos, en los que también trabaja personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y de la Guardia de Auxilio, entre otras áreas, las propiedades son devueltas a sus dueños y, de ser necesario, se cierran con materiales para que no vuelvan a ser usurpadas. Queda una consigna policial para mayor seguridad y móviles policiales patrullan las 24 horas”, indica el GCBA.
En los últimos desalojos surgieron denuncias de personas que pagaban su alquiler en propiedades que fueron vaciadas ante situaciónes de riesgo edilicio. En el Abasto el caso ejemplar fue el edificio de Jean Jaurés y Sarmiento, cuya planta baja está tapiada por rajaduras.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
