La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) mediante una acordada especial celebrada este martes desde las 16 ratificó la condena del TOC N° 2 de 2022 que condenó a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión efectiva y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sede nacional del Partido Justicialista, ubicada en la calle Matheu 130 en el barrio de Balvanera, es epicentro de la manifestación de militantes, gremialistas y funcionarios.
Desde este lunes hay extensas columnas llenando el frente de la sede y calles aledañas. De hecho, hay un fuerte operativo de fuerzas federales, que estacionaron carros hidrantes y camionetas sobre la avenida Rivadavia, a la vuelta del inmueble partidario.
Tras conocerse la decisión de la Corte, Cristina se pronunció ante los presentes en la puerta de la sede: “Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”.
“En realidad, a este cepo no lo ponen este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema, no se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda. Tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina, compañeros y compañeras. Ese que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel primero de septiembre a los pocos días tituló ‘La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’. En tapa. Más clarito echale agua”, agregó.
“¿Saben por qué este cepo? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 2019 cuando creyeron que, después de haber perdido las elecciones en el 2017, y después de esa campaña de estigmatización y vandalismo sobre mi persona, estaba acabada. Un detalle que seguramente se les escapa. Esta causa, tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes”, resaltó.
La expresidenta había estado reunida este martes por la mañana con senadores de Unión por la Patria y otros funcionarios peronistas para analizar la situación de la Corte y la estrategia política del partido.
El lunes, en la sede de Balvanera se hizo un acto por el aniversario de los fusilamientos en José León Suárez, al inicio de la dictadura llamada Revolución Libertadora que había derrocado el Gobierno nacional de Juan Perón.
““¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y que van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a subir el salario a los argentinos? ¿Van a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a pagar la deuda con el FMI y con los bonistas? Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron mega canjes, endeudaron al país con el FMI y lo siguen endeudando, los de las autopistas, el correo, sigan en libertad, créanme que estar presa es un significado de dignidad”, había dicho el lunes por la noche la exmandataria.
Luego de varios años de proceso, el Tribunal Oral Federal N° 2 en 2022 condenó a la expresidenta a seis años de prisión en el marco de la Causa Vialidad. Los jueces dijeron que es culpable del delito de administración fraudulenta y por eso se la condenó a seis años de prisión y la inhabilitaban a ejercer cargos públicos.
El fallo fue ratificado por Casación y la defensa de la expresidenta había apelado en varias instancias hasta llegar a la CSJN.
Gregorio Dalbon, uno de los abogados de Cristina, había denunciado, al igual que otros letrados y funcionarios, irregularidades en este juicio: “Denunciamos la persecución sistemática —política, judicial, mediática e institucional— contra Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual líder política de la Argentina. No se trata de un expediente más. No se trata de un juicio más. Se trata de una operación de proscripción, cuidadosamente diseñada, ejecutada desde los sótanos del poder real: un entramado que articula sectores del Poder Judicial, medios de comunicación concentrados, inteligencia paraestatal y grupos económicos que no toleran el liderazgo de una mujer que cambió las reglas del juego y desafió sus privilegios”.
“Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un proceso judicial plagado de irregularidades graves, documentadas y sostenidas en el tiempo. Hemos presentado ante el tribunal internacional pruebas concretas e irrefutables de: •Violaciones sistemáticas al derecho a un juicio justo, tal como establece el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. •Magistrados sin independencia ni imparcialidad, designados y operativizados por los intereses de las corporaciones políticas y económicas. •Detenciones arbitrarias y procesos penales selectivos, que constituyen patrones de persecución contra opositores políticos. •Uso sistemático de la represión policial y judicial, orientada al disciplinamiento social y a la criminalización de la protesta. La situación institucional de Argentina ha cruzado un umbral alarmante. El Estado ya no garantiza el pleno funcionamiento de las garantías constitucionales. El Poder Judicial ha sido cooptado. Las fuerzas de seguridad actúan como brazo armado de un modelo autoritario. Y la prensa dominante construye un sentido común donde se naturaliza el odio, se falsea la realidad y se demoniza al adversario político”, agregó.
J.C.
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