Vendedores ambulantes de café de la zona de Once, el área comercial del barrio porteño de Balvanera, denuncian que enfrentan controles, actas contravencionales y, en algunos casos, el secuestro de sus carros por parte de la Policía de la Ciudad y agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a pesar de que una ley local autoriza expresamente su actividad.
Se trata de la Ley N.º 6.518, que en su artículo 1° establece: “Autorízase la actividad de venta ambulante de café en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La norma habilita además que esta actividad se realice por cuenta propia y mediante carros o medios no motorizados.
Sin embargo, en la práctica, los cafeteros aseguran que muchas veces son equiparados con vendedores no reglamentados —como los manteros— y sancionados bajo distintas figuras del Código Contravencional. En las actas se los acusa de usar indebidamente el espacio público para actividades lucrativas no autorizadas.
“Queremos hacer las cosas bien, no somos delincuentes”, afirma un cafetero de 45 años que trabaja en Once desde hace años y complementa sus ingresos con reparto a domicilio. Según relata, desde el año pasado se intensificaron los controles en la zona: “No podemos laburar bien. Laburamos tensionados. Hay compañeros que dejaron de trabajar por el estrés por la persecución constante”.
El conflicto se inscribe en el contexto de los operativos realizados en octubre de 2024, cuando el Gobierno porteño valló el área comercial de Once para desalentar la instalación de manteros. Desde entonces, los controles sobre la venta ambulante continúan, y los cafeteros aseguran que también quedaron alcanzados por esas medidas.
El Gobierno porteño hace poco celebró “18 meses sin manteros” en Once y afirmó: La Ciudad del desorden, del caos y del vale todo se terminó. Ley y orden”.
Con respecto a los cafeteros, según sus testimonios, las inspecciones derivan en situaciones de tensión. “Te escrachan, te verduguean, te sacan fotos, te labran el acta, te retienen el carro”, describe el trabajador. Y agrega: “Hay compañeros a los que les retuvieron el carro varias veces y les hicieron pagar para recuperarlo”.
El principal punto de conflicto radica en un posible “grils” legal. Si bien la Ley 6.518 autoriza la venta de café, no menciona otros productos. En la práctica, muchos cafeteros venden también medialunas u otras facturas, lo que —según la interpretación de los inspectores que actúan— excedería el permiso otorgado.
“Siempre vas a querer el café con una factura. ¿Cómo vendo café sin factura? Es lo que pide la gente”, plantea el vendedor. Agrega que en otros barrios los cafeteros andan con sus carros, con termos y facturas y jamás tienen problemas. Resaltan que es algo que ocurre en Once.
Ese limbo en los textos legales se complejiza porque ni el Código Contravencional ni el Código de Faltas o de Habilitaciones contemplan una habilitación amplia para la venta de alimentos en la vía pública. Se hace más difícil cuando está la cuestión de diferenciar almentos sellados y con fecha de vencimiento y los alimentos caseros. Esto deja a los cafeteros en una situación ambigua.
Los trabajadores comenzaron a organizarse y juntan firmas tanto de colegas como de clientes para reclamar una solución que clarifique su situación. “Hay compañeros que tienen la ley pegada en los carros, pero no hay caso”, señalan.
Aunque reconocen que algunos efectivos policiales adoptan una actitud más flexible —“te piden que no te quedes en un lugar”—, sostienen que los controles son desiguales y muchas veces contradictorios.
“Queremos trabajar tranquilos. Las cosas están complicadas como para trabajar con miedo”, resume el cafetero.
J.C.
