El Gobierno porteño, mediante la Policía de la Ciudad, concretó el desalojo del edificio de Cochabamba 2642, en San Cristóbal. Allí residían hace más de 20 años unas 35 familias.
El GCBA expuso en un comunicado difundido este viernes: “La Ciudad recuperó un edificio de dos pisos con terraza que estaba tomado desde hacía 20 años en San Cristóbal. Los vecinos denunciaban hechos de inseguridad en la zona: peleas, robos al voleo, discusiones entre los usurpadores por departamentos que no les pertenecían y hasta disparos de arma de fuego. Dentro del edificio de Cochabamba 2642, que funcionaba como un aguantadero, hallaron un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad que los ladrones suelen utilizar para simular operativos y engañar a sus víctimas”.
El texto agrega: “Mientras se realizaba el operativo de restitución de la propiedad a su legítimo dueño se presentó el legislador kirchnerista Alejandro “Pitu” Salvatierra, representante de la lista porteña Fuerza por Buenos Aires”.
El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias, la Red de Atención y Guardia de Auxilio.
Familias habían denunciado el lunes ante Revista El Abasto que el GCBA quería realizar un desalojo administrativo ante supuestos problemas edilicios. Señalaban que no había estudios concluyentes que lo acreditaran y dijeron que esa fue la figura utilizada para concretar la expulsión. Es algo que ocurrió en otros desalojos recientes.
De acuerdo con el testimonio de una vecina, el terreno que ocupan —identificado como C42— “no tiene dueño” y sería una propiedad sin titularidad clara. “Nosotros no habíamos hecho un desalojo. El terreno donde estamos no tiene dueño. Como no hay nadie que nos saque, no tienen medios de sacarnos”, decía el lunes una vecina ante Revista El Abasto. En ese contexto, afirmaba que las autoridades recurrieron a un presunto riesgo estructural para justificar la medida.
Ese lunes por la mañana, la entidad Consejerías de Vivienda había emitido este comunicado: “El día de hoy, bajo la modalidad ya conocida de “riesgo de derrumbe”, el gobierno de jorge macri planea dejar en la calle a 35 familias, incluyendo niñxs, adultxs mayores y gente con capacidades diferentes. Sin mediar demasiada explicación, en horas de la mañana se acercó personal policial y agentes del gobierno informando que (con una inspección ocular brevísima y sin sustento) los técnicos de la ciudad definieron que el inmueble corre riesgo de derrumbe y debe ser desalojado hoy sin falta. No es casual que esto esté sucediendo. Mientras la semana pasada desalojaron otra parte del inmueble, la que el gobierno actualmente quiere desalojar transita un juicio civil de desalojo en curso”.
“Pero se ve que los tiempos judiciales son más lentos de lo que propietarios y estado necesitan para engrosar sus bolsillos. Así, sin previo aviso, dejan en la calle a familias cuyos hijos recién comienzan su ciclo lectivo. Cabe sumar que casi ningun alquiler acepta menores de edad, lo cual deja a las familias de Cochabamba en inminente situación de calle efectiva. Llamamos rodear de solidaridad a las familias, acercarse a la casa para ayudar en la exigencia de tener un informe de un perito de parte, para contraponer una mirada del lado de los vecinos, ya que no confiamos en el gobierno y su estrategia de “peligro de derrumbe” para hacer desalojos encubiertos”, sumaron.
J.C.
Foto: GCBA
