El Senado de la Nación tuvo quórum y este miércoles al mediodía inició el debate para adrle media sanción al proyecto de Ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional de javier Milei -dicen que busca reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal- y que las centrales sindicales resisten y denucian como un retroceso en derechos y un fomento a la precarización general. Durante la jornada se desarrollan manifestaciones frente al Congreso de la Nación, en Rivadavia y Entre Ríos, en el límite de los barrios de Balvanera y Monserrat. Se dispuso un gran operativo policial, con fuerzas federales y porteñas.
Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, dispuso la aplicación del denominado Protocolo Antipiquetes, pese a que la Justicia Federal declaró su nulidad. El operativo involucra a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el objetivo de custodiar el Palacio Legislativo y garantizar la circulación en las calles aledañas.
Desde la cartera de Seguridad señalaron que se buscará evitar cortes totales en arterias clave como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos y su continuación Callao, además de Riobamba, zonas donde se concentró el mayor despliegue de fuerzas.
Como ocurre habitualmente los miércoles durante las marchas de jubilados, se implementó un sistema de vallado en el perímetro del Congreso, una medida que generó importantes complicaciones en el tránsito y obligó a desvíos en varios puntos del centro porteño.
A este dispositivo se sumó la presencia policial en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con controles destinados a monitorear la llegada de columnas sindicales y organizaciones sociales. Entre los sectores convocantes se encuentran gremios nucleados en la CGT, las dos CTA, ATE, UOCRA, UOM, entre otros.
En paralelo al operativo, el Senado comenzó a debatir desde las 11 de la mañana el proyecto de reforma laboral, mientras se dispusieron restricciones específicas de acceso en los alrededores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). Los cruces con circulación limitada incluyen:
Avenida Entre Ríos y Alsina
Avenida Rivadavia y Avenida Callao
Avenida Rivadavia y Ayacucho
Combate de los Pozos y Alsina
En cuanto a los ingresos habilitados al edificio de Diputados, se establecieron dos puntos principales:
Riobamba y Bartolomé Mitre, con acceso y salida peatonal y cocheras
Sarandí e Hipólito Yrigoyen, también para salida peatonal y cocheras
En paralelo al operativo de seguridad y a las protestas sindicales, también hubo expresiones de repudio desde el sector de la comunicación. La organización Periodistas de Argentina, junto al sindicato Sipreba, realizó una acción simbólica frente al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral y advertir sobre las consecuencias que tendría la derogación del Estatuto del Periodista, una norma histórica que regula las condiciones laborales de la actividad.
La intervención buscó visibilizar el impacto que, según denunciaron, tendría el proyecto en la precarización del trabajo de prensa y en la pérdida de derechos conquistados, sumándose así al amplio abanico de sectores que se movilizaron durante la jornada en rechazo a la iniciativa del Gobierno.
Sobre la reforma
En paralelo al fuerte operativo de seguridad y a las protestas en las inmediaciones del Congreso, el debate en el Senado gira en torno a una reforma laboral que llega al recinto con modificaciones clave producto de negociaciones con gobernadores, sectores de la oposición, la CGT y cámaras empresariales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo cuenta con al menos 40 votos para avanzar con la media sanción del proyecto, tras acordar cambios que permitieron destrabar resistencias.
Uno de los ejes centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cese laboral financiado por aportes patronales para cubrir futuras indemnizaciones por despido. A diferencia del texto original, que fijaba una contribución del 3% para todas las empresas, ahora se estableció un esquema diferenciado: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes, con la posibilidad de incrementos mediante autorización del Ejecutivo y Diputados. Además, las grandes firmas podrán pagar sentencias laborales en hasta seis cuotas, mientras que las pequeñas y medianas mantendrán el esquema de 12 pagos.
En el plano fiscal, el Gobierno aceptó eliminar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una concesión clave a los gobernadores, que advertían por la pérdida de fondos coparticipables. También se dio marcha atrás con la reducción de los aportes patronales a las obras sociales, que permanecerán en el 6%, y se mantendrá por al menos dos años el sistema de cuotas solidarias sindicales, con un tope del 2%, indica Página 12.
Otro cambio relevante fue la exclusión de la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, ratificando la bancarización a través de cuentas sueldo en bancos tradicionales. En cuanto a los regímenes especiales y estatutos profesionales, no serán derogados de inmediato: tendrán un plazo de 180 días para ser incorporados a convenios colectivos.
Pese a las concesiones, el proyecto conserva puntos polémicos, como la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales, la ampliación de actividades consideradas estratégicas y la exigencia de autorización patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo. Además, los juicios laborales se acotarán al salario básico, sin contemplar aguinaldo ni vacaciones, una medida celebrada por sectores empresariales y cuestionada por sindicatos, menciona Clarín.
Comparación
Una gráfica difundida por Chequeado resume de manera clara los principales cambios que introduce la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al comparar el esquema vigente con el que propone el nuevo proyecto de ley. El cuadro muestra modificaciones profundas en vacaciones, jornada laboral, indemnizaciones, derecho a huelga y convenios colectivos, entre otros puntos sensibles para trabajadores y sindicatos.
En el régimen actual, las vacaciones son de un mínimo de 14 días corridos, mientras que con la reforma podrían fraccionarse en períodos de al menos siete días. La jornada laboral, hoy fijada en ocho horas diarias o 48 semanales, pasaría a permitir hasta 12 horas por día, siempre que se compensen con 12 horas de descanso.
Uno de los cambios más relevantes aparece en la indemnización por despido. Actualmente equivale a un sueldo por año trabajado, incluyendo aguinaldo y premios. El nuevo esquema elimina esos adicionales y abre la puerta al Fondo de Cese Laboral, un sistema financiado por aportes patronales para cubrir futuros despidos, que reemplazaría en parte el esquema tradicional.
La gráfica también señala modificaciones en los intereses por juicios laborales, que dejarían de fijarse por la Justicia para ajustarse por inflación (IPC) más un 3% anual de interés puro. En cuanto al derecho a huelga, se amplía el concepto de servicios esenciales, que deberían funcionar al 75% durante una medida de fuerza, e incorpora actividades “trascendentales” con un piso de operación del 50%.
Otro punto clave es el banco de horas: las horas extra, que hoy se pagan con un adicional salarial, podrían compensarse con días libres o reducción de jornada. En paralelo, los convenios colectivos dejarían de mantenerse vigentes una vez vencidos, salvo en lo referido a condiciones de trabajo, lo que debilita la continuidad de derechos hasta la firma de un nuevo acuerdo.
La voz de la CGT
A las críticas por el impacto sobre derechos laborales se sumó en las últimas horas una fuerte advertencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que alertó que la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei pone en riesgo la sustentabilidad del sistema jubilatorio y de la seguridad social. En un comunicado, la central obrera sostuvo que “el sistema de jubilaciones es el más afectado” y remarcó que el proyecto reduciría los ingresos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al PAMI, a las asignaciones familiares y al fondo de empleo, consignó Mundo Gremial.
Según la CGT, la iniciativa contempla una baja en los aportes patronales que pagan las empresas, lo que impactaría de manera directa en la financiación del sistema previsional: en el sector servicios, las contribuciones pasarían del 20,4% al 17,4%, mientras que en el resto de las actividades se reducirían del 18% al 15%. Las advertencias sindicales fueron respaldadas por un informe técnico de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que estimó un costo fiscal cercano a 1,3 puntos del PBI y alertó sobre un posible desfinanciamiento estructural de jubilaciones, salud y programas de protección social.
La Confederación General del Trabajo, a través de un comunicado difundido este 11 de febrero al inicio de la sesión en el Senado, mediante su Consejo Directivo Nacional convocó a los senadores a actuar “con responsabilidad” y advirtió que el proyecto de ley no resuelve los problemas del mundo del trabajo, sino que los profundiza.
“Esta central obrera se expresa en las calles contra la pretendida ‘ley de modernización laboral’ que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, sin soluciones a la vista para los trabajadores, sin acuerdo de los sectores involucrados y con dos objetivos evidentes: la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales”, señala el texto.
La CGT remarcó que, al igual que en diciembre —cuando se movilizó masivamente a Plaza de Mayo—, vuelve a poner en agenda la defensa de la dignidad laboral frente a un proyecto que, aseguran, traerá mayor precarización, despidos y jornadas más extensas sin mejoras salariales. En ese sentido, subrayaron que la iniciativa oficial empuja a los trabajadores a un escenario de “desprotección e incertidumbre”.
El documento también apunta directamente al rol del Congreso y a la responsabilidad individual de cada legislador. “Hoy es un día donde cada senador y senadora deberá ser claro respecto de su posicionamiento frente a esta iniciativa que pretende derribar el derecho laboral en la Argentina”, afirmaron, al tiempo que vincularon la discusión de la reforma con el futuro de millones de familias que dependen del empleo formal.
Lejos de rechazar el debate sobre cambios en el mundo del trabajo, la CGT planteó una diferenciación tajante entre modernizar y precarizar. “Modernizar no es destruir derechos. Modernizar implica dar un debate serio, de cara a la gente, en el que todos los sectores que conforman el mundo del trabajo puedan participar y llegar a acuerdos”, remarcaron.
Finalmente, la central sindical ratificó su estrategia de confrontación política y social frente al avance de la reforma: “Esta CGT dará la pelea en la calle, en el Congreso o en la Justicia, en defensa del trabajo y la dignidad de todos los trabajadores de nuestro país”.
J.C.
Foto: @SenadoArgentina
