Pese al riesgo de daño ambiental, la legislatura porteña aprobó quemar basura

Fue con votos del oficialismo. Estaban en contra cartoneros, ambientalistas y entidades vecinales.
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Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó con 36 votos positivos la modificación a la Ley Basura Cero que permite la quema de residuos (termovalorización). Recicladores urbanos, grupos ambientalistas y entidades vecinales protestaron en el recinto y en las calles contra este proyecto, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo porteño.

 

Toda la bancada de Vamos Juntos votó a favor y tuvo el acompañamiento de Sergio Abrevaya (GEN) y Marcelo Depierro (Mejor Ciudad).  El Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, Partido Socialista, SUMA+, Bloque Peronista, Unidad Ciudadana votaron en contra. 

 

El proyecto tuvo dictamen favorable en la Comisión de Ambiente, que preside la legisladora Mercedes de las Casas (Vamos Juntos). El texto expone: “La termovalorización ha evolucionado a lo largo de los años hacia el montaje de plantas que se ajustan a los estándares de emisión más restrictivos, constituyendo una tecnología modelo ampliamente probada y aceptada a nivel internacional'. Y agregó: 'Son numerosos los países que han complementado su gestión de residuos con plantas de este tipo y que se volvieron una parte fundamental de su matriz energética (...) la termovalorización constituye una de las tecnologías que podría complementarse de manera adecuada e integradamente al actual sistema de gestión de residuos de la Ciudad. De esta forma, la incorporación de esta tecnología en la gestión actual permitiría implementar técnicas de valorización más recomendables que la disposición final, y reducir así los impactos asociados'.

 

Sin embargo, hubo críticas contra esta propuesta, que también modifica las fechas para cesar con el envío de residuos sólidos urbanos a la CEAMSE. La ley original de 2005 estimaba como última fecha el 2020. Ahora, el nuevo plazo es el 2028.

 

La ONG Greenpeace Argentina sintetizó su reclamo con el lema “Quemar Basura Mata”, el cual fue acompañado por cooperativas de cartoneros, quienes además del daño ambiental reprochan que al quemar basura ellos manejarán menos volumen de residuos, lo que les generará menos trabajo.

 

Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la concepción de la Ley Basura Cero “marcó un hito modelo de desarrollo sustentable en el mundo, dado que los países desarrollados la adoptaron muchos años después. Los conceptos que aplican forman un conjunto indisoluble. Resulta contradictorio eliminar el artículo 7, autorizando la incineración con recuperación de energía, porque equivale a mutilar la ley. Es dar por tierra con su raíz ambiental, es atropellar la salud de los ciudadanos, es una falta de capacidad e intención total de avanzar con una gestión ambiental responsable luego de 11 años de gestión: Porque uno de los principios rectores de “Basura cero“ no incinerar ni enterrar”.

 

El ODH agrega que la ley aprobada hoy “constituye un retroceso en relación al paradigma de 'Basura Cero' consagrado en la ley N° 1.854. Este retroceso se realiza sin ningún estudio técnico ni evaluación de impacto ambiental que lo fundamente. Por lo tanto, es un retroceso arbitrario. Esto viola el principio de progresividad y prohibición de no regresión que tiene jerarquía constitucional y supra legal en cuestión de derechos ambientales”.

 

“Esta ley establece que el Tratamiento de los residuos comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos. Por acondicionamiento entiende a las operaciones realizadas a fin de adecuar los residuos para su valorización o disposición final. Y por valorización entiende a todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización. Es decir, que no tiene incluida la incineración con recuperación de energía como concepto. En este sentido la modificación propuesta a la ley N° 1.584 contradice lo establecido en la ley N° 25.916 transformándola en inconstitucional por ser contraria a una ley nacional de presupuestos mínimos ambientales”, alerta.

 

El legislador porteño por el FIT Gabriel Solano dijo: “La sesión concluyó en un escándalo. Luego de un largo debate el oficialismo introdujo modificaciones orales imprecisas al proyecto, lo que llevó a que los diputados desconozcan el contenido del texto a votar. Mi propuesta de que vuelva a comisión fue rechazada para imponer una votación sumaria. Ante esto denuncié que el proyecto final será redactado luego de la votación, un procedimiento absolutamente manipulador de la Legislatura”.

 

“El final bochornoso ya estaba inscripto en el inicio mismo de la sesión. Los diputados del oficialismo nunca respondieron las denuncias realizadas por nuestro bloque y otros referidas  la compra de medios de comunicación y ONG para que hablen a favor de la ley, tal como consta en un documento interno del propio gobierno de la Ciudad. Tampoco el oficialismo se refirió a mi denuncia de la inconstitucionalidad de la ley, ya que al tratarse de cuestiones ambientales requiere una mayoría especial y la convocatoria a audiencias públicas”, añadió.

 

J.C.

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