El legislador Alejandro Salvatierra presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de informes sobre el funcionamiento del Centro de Salud Mental N° 3 “Dr. Arturo Ameghino”. La iniciativa, ingresada el 5 de noviembre bajo el expediente 3481-D-2026, solicita al Poder Ejecutivo que responda una serie de 15 puntos vinculados con la organización de la atención, el acceso a los tratamientos y la situación institucional del establecimiento.
Uno de los ejes del proyecto apunta al sistema de asignación de turnos y a los horarios de atención. En particular, se busca conocer si los criterios utilizados contemplan la jornada escolar de los niños, niñas y adolescentes que concurren al centro. También se solicitan cifras sobre la cantidad de turnos otorgados durante 2024, 2025 y 2026 que hayan coincidido total o parcialmente con el horario de clases de pacientes de nivel primario y secundario.
Otro aspecto que se pretende esclarecer es la centralización de la gestión de turnos a través de la línea telefónica 147. El pedido requiere que el Ministerio de Salud informe desde cuándo se implementó esta modalidad, cuáles fueron sus motivos y si alcanza a todas las prestaciones del centro o solamente a algunas. Además, pregunta si los profesionales mantienen la posibilidad de asignar o modificar directamente los turnos con sus pacientes o si todas las gestiones deben realizarse exclusivamente por esa vía.
La iniciativa también solicita información sobre los criterios clínicos utilizados para organizar las agendas de Salud Mental, la duración de las consultas y los distintos dispositivos de atención. En ese marco, plantea conocer cuáles son los principales motivos identificados por el Ministerio para explicar las demoras entre la solicitud de un turno y su asignación efectiva.
Entre los puntos incluidos figura, además, una consulta sobre posibles comunicaciones del Ministerio de Salud a profesionales del Ameghino para solicitar explicaciones o justificaciones ante la derivación de pacientes. En caso de que ese procedimiento exista, se pide identificar qué área realiza los llamados, con qué frecuencia, qué información solicita, quién la evalúa y cuál es el marco normativo o administrativo que lo habilita. También se busca determinar si se trata de una práctica extendida a todos los efectores públicos de salud mental de la Ciudad o si es específica del centro.
El proyecto incorpora cuestiones vinculadas con la organización interna y la relación entre las autoridades y los trabajadores. Solicita conocer cuántas reuniones o instancias formales de diálogo hubo entre la Dirección y el conjunto del personal durante 2024, 2025 y 2026, así como los canales institucionales disponibles para presentar reclamos, inquietudes o propuestas.
En ese sentido, también pregunta si hubo pedidos de audiencia o reclamos de trabajadores que no hayan recibido respuesta de la Dirección durante ese período y, de ser así, cuántos fueron y cuál fue su naturaleza.
Por último, se requiere información sobre la estructura orgánica actual del establecimiento, las eventuales modificaciones previstas y la planta de personal discriminada por función y carga horaria. También se solicita detallar si existen cargos vacantes, desde cuándo permanecen sin cubrir y cuándo están previstos los concursos para su cobertura.
En los fundamentos, Salvatierra señala que la iniciativa busca evaluar el funcionamiento administrativo e institucional del centro a partir de los principios establecidos en la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad, entre ellos la atención interdisciplinaria, la continuidad de los tratamientos y el respeto por la autonomía profesional de los equipos de salud.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá responder los 15 puntos dentro de los 30 días de recibida la resolución. La presentación no implica por sí misma una modificación en el funcionamiento del establecimiento, sino que busca obtener información oficial para evaluar la situación y, eventualmente, avanzar con medidas legislativas.
J.C.
