Un proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propone crear un nuevo Centro Integral de la Mujer (CIM) en San Cristóbal, con sede en el edificio público de Sarandí 1273 y una especialización en la prevención, atención y mitigación de las violencias digitales y telemáticas por motivos de género.
La iniciativa fue impulsada de manera particular por Inés Fornassero, integrante de la Junta Comunal 3, y solicita al Poder Ejecutivo porteño que adopte las medidas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo espacio. El proyecto plantea aprovechar el inmueble una vez que se concrete la mudanza de la actual sede comunal y su subsede.
Según los fundamentos, la propuesta responde a un reclamo vecinal que fue planteado reiteradamente en el Consejo Consultivo de la Comuna 3. También busca ampliar la cobertura territorial de los servicios de asistencia para mujeres que atraviesan situaciones de violencia, ya que los dos centros que funcionan actualmente en la comuna están ubicados en Balvanera.
Se trata del CIM Aberastury, en Hipólito Yrigoyen 3202, y del CIM Margarita Malharro, en Agüero 301. El proyecto señala que ambos dispositivos brindaron más de 3.600 prestaciones durante 2024 y que se encuentran a más de tres kilómetros del área de San Cristóbal donde se propone instalar el nuevo centro.
Un centro especializado en violencia digital
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que el futuro CIM cuente con herramientas específicas para abordar las violencias ejercidas a través de internet y otras tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las situaciones que contempla figuran el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión, la suplantación de identidad, la exposición de datos personales —conocida como doxing— y la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial, una práctica conocida como deepfake.
El proyecto sostiene que estas agresiones pueden producir consecuencias concretas en la salud emocional y la vida cotidiana de las víctimas, y que su permanencia y rápida circulación en internet requieren respuestas específicas para evitar la revictimización.
Para ello, propone organizar el funcionamiento del centro en cuatro áreas. La primera estaría destinada a la atención interdisciplinaria, la contención psicoemocional, la orientación legal y el asesoramiento para preservar evidencia digital. Entre las normas mencionadas como marco de actuación figuran la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital a ese marco legal.
La segunda área estaría enfocada en la prevención y la ciudadanía digital, mediante talleres y actividades con escuelas, centros de estudiantes y familias de la Comuna 3. El objetivo sería facilitar la detección temprana de situaciones de riesgo y promover estrategias comunitarias para frenar la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento.
La tercera área contemplaría dispositivos de trabajo con varones para abordar conductas de cibercontrol y patrones vinculares abusivos. La cuarta buscaría coordinar acciones con organismos de protección y fiscalías especializadas, además de desarrollar registros estadísticos sobre las problemáticas detectadas en el territorio.
El edificio de Sarandí 1273 y la cobertura territorial
Otro de los argumentos del proyecto es la posibilidad de utilizar un inmueble público que quedaría disponible cuando se concrete la reorganización de las sedes comunales. Según los fundamentos, el edificio de Sarandí 1273 cuenta con una ubicación accesible y cercana a estaciones de subte, centros de salud y espacios públicos.
La iniciativa también cita datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad según los cuales la Comuna 3 tenía 101.974 mujeres al 1 de julio de 2024. A partir de esa cifra, invoca el artículo 16 de la Ley 1.688, que establece un parámetro de un Centro Integral de la Mujer cada 50.000 mujeres por comuna, para fundamentar la necesidad de ampliar la cantidad de dispositivos de atención.
El proyecto incorpora, además, referencias a la Guía Ema, elaborada a partir de un caso de difusión no consentida de material íntimo que tuvo consecuencias trágicas para una adolescente. Entre sus principios, destaca que las agresiones en entornos digitales deben ser abordadas como formas de violencia con efectos reales, que requieren prevención, asistencia y acompañamiento institucional.
La propuesta deberá ser tratada en el ámbito legislativo y, en caso de avanzar, requerirá que el Gobierno porteño adopte las medidas necesarias para concretar la creación y puesta en funcionamiento del centro en San Cristóbal.
J.C.
Foto: GCBA
