La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves a miles de estudiantes, docentes, trabajadores y representantes de organizaciones sociales y sindicales en Plaza Congreso, en Entre Ríos y Rivadavia, en el límite de Balvanera y Monserrat, en una jornada marcada por el reclamo en defensa de la universidad pública y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A la par, la oposición quiso, sin éxito por falta de quórum, impulsar una sesión especial para dar de baja el DNU 70-2023.
Antes del atardecer, se reportan decenas de manifestantes heridos, unos 25 detenidos por Gendarmería, al menos dos policías federales heridos. También había daños al mobiliario público de la Plaza Congreso, como bancos.
El Gobierno nacional anunció que denunciará penalmente a los manifestantes por “resistencia a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado”.
Las columnas se movilizaron desde temprano en forma pacífica hacia el Congreso. A las 16 se hizo el acto central, convocado por universidades, gremios y organizaciones civiles. Hubo un documento unificado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros. Afirmaron que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”.
Más tarde, se registraron incidentes en la zona. Un grupo de manifestantes encapuchados -a quienes se los denunció como presuntos infiltrados ajenos a la protesta estudiantil- arrojó piedras y vallas de madera e intentó derribar las vallas metálicas instaladas sobre la esquina de Rivadavia y Entre Ríos-Callao, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad.
Los efectivos federales utilizaron camiones hidrantes y gases para dispersar a los manifestantes. También intervino la Policía de la Ciudad, en un operativo que buscó despejar Plaza Congreso y sus alrededores. El uso de gases irritantes afectó a personas que se encontraban en las inmediaciones, mientras que numerosas personas debieron recibir atención médica.
En paralelo, trabajadores de prensa denunciaron agresiones mientras cubrían los acontecimientos. Entre los afectados hubo fotógrafos que recibieron impactos de balas de goma mientras realizaban su labor periodística.
En este sentido, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) indicó: “Repudiamos la represión del Gobierno contra la masiva marcha por la Educación Pública y contra el DNU 70/23. Varios fotógrafos y fotógrafas freelance y de medios como Página/12, TeleSISA, Grito del Sur, entre otros, fueron alcanzados por balas de goma, mientras cientos de personas resultaron afectadas por los gases. Rechazamos también la agresión contra el camarógrafo de C5N. La violencia no puede ser la única respuesta del Gobierno, mientras incumple las leyes y entrega nuestra soberanía”.
Las fuerzas policiales siguieron reprimiendo y tiraron gases y balas de goma contra las columinas de personas que habían ido por la manifestación universitaria y estaban lejos de las personas que tiraban piedras.
Durante los incidentes también circularon grabaciones en las que se observa a personas encapuchadas que golpeaban con martillos los bancos de cemento de Plaza Congreso hasta romperlos.
A medida que avanzaba el operativo, los manifestantes se dispersaron. Algunos fueron hacia la avenida 9 de Julio, hacia el Bajo porteño. Otros fueron por Balvanera, rumbo a la zona de Once.
Durante la movilización y el acto central, el tránsito estaba limitado desde la avenida Corrientes hasta la avenida Belgrano y desde la avenida 9 de Julio hasta Riobamba.
Una vez iniciada la represión las interrupciones se ampliaron ante la dispersión de las personas. La circulación vehicular se vio afectada hasta zonas lejanas como Constitución o Parque Lezama, al sur, y Once y Recoleta, más al oeste y el norte.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, condenó los episodios a través de sus redes sociales. “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, afirmó, y advirtió que quienes agredan a efectivos de las fuerzas de seguridad, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.
Al rato el jefe de Gobierno Jorge Macri afirmó: “Quieren instalar la barbarie. Son delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación. Vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad. Los vamos a atrapar y van a pagar por sus actos”.
Se espera el comunicado de organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que estaba presente en Congreso para relevar la situación, también del Ministerio Público de la Defensa de la CABA.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
