El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de intervenir en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA en el barrio de Balvanera, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertes y 151 heridos.
La resolución fue dictada bajo el régimen de juicio en ausencia, debido a que los acusados permanecen prófugos en el extranjero. Además, Rafecas dispuso embargos por 500 millones de dólares para cada uno.
Entre los procesados se encuentran exfuncionarios iraníes como Ali Fallahijan, Ali Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi. También fueron alcanzados Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari, mientras que el ciudadano libanés Salman Raouf Salman, conocido como Samuel El Reda, fue señalado por el juez por su participación en la etapa final del ataque.
Rafecas calificó los hechos como un crimen de lesa humanidad y los encuadró además en la figura de genocidio según el Derecho internacional.
El fallo puede ser apelado por la Defensa Oficial. Si los procesamientos quedan firmes, la causa podrá avanzar hacia un eventual juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia.