El Gobierno porteño realizó un operativo en Once que terminó con la clausura de 10 locales y una galería comercial, en el marco del nuevo esquema de controles sobre la compraventa y reparación de celulares usados. La intervención se produjo tras la reglamentación de la Ley 6.009, mediante el Decreto N.º 295/26, que establece reglas más estrictas para dificultar la reventa y comercialización de teléfonos, partes y repuestos de origen ilícito.
Durante los procedimientos, realizados por inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y efectivos de la Policía de la Ciudad, fueron secuestrados 75 teléfonos celulares, 79 módulos y herramientas de reparación, según informó el Gobierno porteño.
Los operativos se concentraron en distintos comercios y galerías de la zona de Once, entre ellos locales ubicados sobre Corrientes al 2100, Junín al 300, la Galería La Juanita, la Galería La Internacional y la galería comercial La Recova, en Azcuénaga y Pueyrredón.
En uno de los procedimientos, realizado en el local 47 de La Recova, fueron encontrados 22 celulares, entre ellos equipos que, de acuerdo con la información oficial, tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La intervención se realizó luego de que el Gobierno porteño pusiera en marcha un nuevo esquema de control sobre la actividad. El Decreto N.º 295/26 reglamentó la Ley 6.009 y creó herramientas destinadas a reforzar la registración, identificación y trazabilidad de los celulares usados, sus partes y repuestos.
Reglas más estrictas para los comercios
La nueva reglamentación establece que los establecimientos dedicados a la comercialización y reparación de celulares deberán poder acreditar el origen legítimo de los equipos y componentes que tengan en su poder.
La Agencia Gubernamental de Control podrá realizar inspecciones, verificar la documentación y disponer el secuestro de aparatos cuando no pueda acreditarse su legítima adquisición o tenencia, de acuerdo con las facultades previstas por la normativa.
Además, se crea el Registro de Actividades de Comercialización y Reparación de Aparatos Electrónicos Usados de Telefonía Celular, que estará bajo la administración de la AGC.
Los comercios que ya desarrollan la actividad tendrán un plazo de 30 días corridos, desde la entrada en vigencia de las normas operativas, para completar los procedimientos de inscripción y actualización de sus datos.
Once, una de las zonas prioritarias
La nueva normativa permite establecer Zonas de Intervención Prioritaria, donde podrán aplicarse controles reforzados según criterios vinculados con delitos, infracciones, secuestros de equipos, denuncias, investigaciones y antecedentes de incumplimientos.
Entre las primeras áreas identificadas figura Balvanera–Once, junto con Retiro–Microcentro, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.
Durante los operativos en Once, la Ciudad también aplicó las facultades de fiscalización previstas en este nuevo esquema.
A su vez, el decreto establece una emergencia de 90 días para la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad. Durante ese período se reforzarán los controles y, en las zonas prioritarias, se suspenderán nuevas autorizaciones para determinadas actividades vinculadas con la venta y reparación de teléfonos usados.
El Gobierno porteño sostiene que el objetivo es dificultar que los celulares robados ingresen al circuito comercial mediante locales que los compren, reparen, desarmen o revendan. Para eso, la estrategia combina operativos en zonas consideradas críticas con un sistema permanente de registro y trazabilidad.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó al anunciar las medidas: “Se terminó la mafia de los celulares robados” y sostuvo que quienes comercialicen equipos de origen ilícito serán alcanzados por los controles y sanciones previstos en la normativa.
J.C.
Foto: GCBA
