Mediante la publicación del Decreto N.º 233/26 en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un nuevo marco normativo para la fiscalización y control de las reservas de espacio en la vía pública destinadas al estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad. La medida implementa procedimientos penales, la suspensión preventiva de las licencias de conducir y un arancel específico para la remoción de cartelería apócrifa.
La normativa instruye a la Secretaría de Tránsito, dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, a presentar denuncias ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires ante la detección de señalización falsa o adulterada. Esta conducta encuadra en los supuestos de falsificación de instrumento público contemplados en el artículo 292 del Código Penal de la Nación.
Asimismo, el decreto faculta a la Subsecretaría de Servicios a iniciar los procedimientos para la suspensión transitoria y preventiva de las habilitaciones para conducir de los responsables involucrados, conforme a las atribuciones que otorga el Código de Tránsito y Transporte local (Ley 2.148).
Plazo de regularización y multas
El artículo 2° del documento fija un plazo de 20 días corridos para que los usuarios de espacios reservados que no posean la autorización correspondiente, tengan el plazo de vigencia vencido o mantengan sus datos desactualizados, se presenten ante la Secretaría de Tránsito con el fin de regularizar su situación administrativa.
Vencido dicho plazo, se realizarán comprobaciones en la vía pública. Quienes infrinjan los artículos 6.1.67 y 6.1.70 del Régimen de Faltas (Ley 451) por exhibir franquicias inexistentes o por instalar señales sin autorización, serán pasibles de las multas correspondientes, las cuales oscilan entre las 100 y las 200 unidades fijas.
Incorporación de costos por remoción
A partir de la modificación del Anexo I del Decreto 900/91 (Tabla de Valores de Recuperación de Costos), el Gobierno porteño determinó que los infractores deberán abonar los gastos derivados del operativo de retiro de las estructuras ilegales y la restitución del espacio público. El valor por la remoción de la señalización vial falsa y la reparación de la calzada se estableció en $140.000, monto que el Ministerio de Hacienda y Finanzas estará facultado a actualizar en adelante.
El acto administrativo cuenta con el refrendo del Jefe de Gobierno, Jorge Macri; el Ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; el Ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine; y el Jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.
J.C.
Foto: GCBA
