Este miércoles se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación la Audiencia Pública por la Ley de aprobación inicial (media lectura) para modificar la Ley Nacional N.º 26.639 de Glaciares. Hubo unas 100.000 personas anotadas -pero no todas se podrán expresar debido a cambios organizativos-, hay cortes de calle en torno al palacio legislativo de Entre Ríos y Rivadavia, en Balvanera, y a las 17 se espera una protesta en Plaza Congreso.
Desde la mañana, el tránsito se vio afectado en distintos puntos clave como Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, además de intersecciones sobre Avenida Rivadavia, Callao y Mitre. Las interrupciones se intensificaron de cara a la concentración prevista para las 17, bajo la consigna “traé tu silla o reposera”, en rechazo a las limitaciones impuestas para participar en la audiencia pública.
En paralelo, desde las 10 comenzó en la Sala 2 del Anexo C del Congreso la primera jornada de audiencias públicas para debatir el proyecto que modifica la Ley 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglacial. Según información oficial de la Cámara de Diputados, se prevé la participación de los primeros 100 oradores en modalidad presencial, mientras que el resto de los inscriptos —que superan ampliamente esa cifra— deberán intervenir de manera virtual o mediante presentaciones escritas.
El proceso generó controversia debido a las restricciones de acceso: solo podrán ingresar quienes hayan sido notificados previamente, además de los diputados y un número limitado de asesores por bloque. Desde la oposición cuestionaron estas condiciones, al considerar que reducen la participación ciudadana en un debate de alto impacto ambiental.
Durante la jornada expondrán organizaciones sociales, ambientales, académicas, sindicales y representantes del sector minero provenientes de distintas provincias. Entre ellas se encuentran Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Cámara Argentina de Empresas Mineras, universidades, comunidades indígenas y organismos públicos.
“Con el nuevo proyecto de reforma de la Ley de Glaciares enviado al Congreso por el Ejecutivo Nacional los glaciares quedarían a merced de las actividades mineras e hidrocarburíferas. Entre otras modificaciones, el criterio para protegerlos quedaría sujeto a evaluaciones poco claras y quedaría en manos de las provincias la decisión sobre qué se protege, lo que va en contra del carácter nacional de la ley. El proyecto que se discute implica sacrificar glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Eso es ilegal, inconstitucional y no tiene licencia social”, expresó un comunicado de Greenpeace.
“La industria minera no busca derogar la Ley de Glaciares ni poner en riesgo los glaciares. Desde el sector se plantea la necesidad de una reglamentación técnica precisa, que permita distinguir claramente entre glaciares, ambientes periglaciales y zonas donde es posible desarrollar actividades productivas. La industria ha expresado públicamente preocupaciones vinculadas a definiciones poco claras de la ley, que pueden generar incertidumbre jurídica y afectar inversiones de largo plazo. Por ese motivo, se propone avanzar hacia criterios técnicos claros, que permitan aplicar la norma de manera efectiva y previsible, en línea con el carácter federal del país. La ley, tal como está redactada, puede generar incertidumbre jurídica debido a la amplitud de algunas definiciones, en particular la de ambiente periglacial. Contar con mayor precisión técnica permitiría fortalecer el cumplimiento de la ley, brindar previsibilidad y compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo responsable” expuso la Cámara Argentina de Empresas Mineras.
La audiencia continuará en una segunda jornada este jueves 26 de marzo.
J.C.
Foto: Revista El Abasto
