En la Ciudad de Buenos Aires, los controles de tránsito se multiplican. Están en avenidas, esquinas estratégicas y arterias de alto flujo. Lo que debería ser una política pública orientada a la prevención y a la seguridad vial, en muchos casos parece haber derivado en otra cosa: un sistema aceitado para recaudar a través de multas.
El problema no es el control en sí. Nadie discute la necesidad de fiscalizar, ordenar el tránsito o sancionar conductas peligrosas. El conflicto aparece cuando la lógica del control se desnaturaliza y se transforma en una cacería de infracciones menores, discutibles o directamente arbitrarias, que poco tienen que ver con evitar accidentes o salvar vidas.
En la ciudad, abundan los operativos sin señalización clara, los agentes concentrados en faltas administrativas y las sanciones aplicadas con un criterio que parece más contable que preventivo. No se trata de alcoholemias positivas ni de maniobras temerarias, sino de detalles interpretables, errores formales o supuestas infracciones que el conductor difícilmente puede rebatir en el momento.
Así, el mensaje implícito deja de ser “cuidemos la vida” para pasar a ser “cuidado con la multa”. Y ese cambio no es menor. Un Estado que prioriza la sanción por sobre la prevención no educa: castiga. Y cuando el castigo se vuelve sistemático y poco transparente, erosiona la confianza ciudadana
La percepción social es clara y persistente: muchos controles parecen diseñados no para ordenar el tránsito, sino para alimentar la recaudación porteña. Esa sensación se profundiza cuando los ciudadanos enfrentan actas mal confeccionadas, explicaciones insuficientes o la imposibilidad práctica de ejercer un descargo inmediato y efectivo.
En un contexto económico adverso, donde cada multa impacta de lleno en el ingreso de trabajadores y familias, el uso de los controles como herramienta recaudatoria resulta, como mínimo, cuestionable. La seguridad vial no puede ser la excusa para un sistema que parece funcionar más como trampa que como protección.
La Ciudad necesita controles, sí. Pero controles legítimos, visibles, coherentes y orientados a prevenir riesgos reales. De lo contrario, la multa deja de ser una herramienta correctiva y se convierte en un símbolo de un Estado más preocupado por cobrar que por cuidar.
Eduardo Scofu
