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Presentamos un informe del fiscal federal Federico Delgado
sobre el estado de los sistemas de seguridad

Radiografía a la Policía Federal
y cortocircuitos con autoridades judiciales

El fiscal federal Federico Delgado, después de consultar a las 53 comisarías porteñas, elaboró un informe sobre los recursos humanos y recursos materiales con que cuenta la PFA para prevenir el delito. A su vez concluyó que las fuerzas de seguridad “no actúan de manera proactiva sino por mera reacción”. También se refirió a la relación con el Ministerio Público Fiscal.
   El fiscal federal Federico Delgado consultó en las 53 comisarías porteñas, más de una decena cruzan por las Comunas 3 y 5, y al sumar el total de uniformados de todas ellas llegó a la conclusión de que hay, según informaron los jefes de cada dependencia policial, 11.691 efectivos. Es decir que, teniendo en cuenta el censo nacional de 2010, donde se determinó que la ciudad de Buenos Aires tiene 2.890.151 habitantes, en promedio hay un uniformado cada 247 vecinos. No varía mucho de otras grandes ciudades del mundo, como Nueva York o Londres, donde hay un agente cada 237 y 245 habitantes, respectivamente.


Las fuerzas de seguridad “no actúan de manera proactiva sino por mera reacción”


   A los integrantes de la Policía Federal hay que sumarles los 2500 efectivos de Gendarmería y Prefectura que desde 2011 se encargan de la tarea de prevención en la zona sur de la ciudad.
   Según indagó el fiscal federal Federico Delgado, en las 53 comisarías porteñas hay 11.691 efectivos, sin contar Prefectura y Gendarmería, para 2.890.151 habitantes. A su vez, las comisarías cuentan con 1123 vehículos, de los cuales alrededor de 698 están en servicio (por baja permanente o por encontrarse temporalmente “radiados”). Durante el año 2013 las comisarías tenían asignada una caja chica para gastos de 12.000 pesos mensuales, la cual en el año 2014 se actualizó a 20.000. El mayor porcentaje de esos recursos es destinado a reparar la flota automotor, según el informe.

Encuentro sobre seguridad en la Comuna 3.

   El relevo también fue puntilloso con casos de denuncias. Así, “de un total aproximado de 145.164 sumarios labrados por las 53 Comisarías de la PFA durante el año 2013, sólo 61 fueron por posible infracción a la ley de trata de personas (si lo dividimos por 53 el resultado es: 1,33 sumarios por comisaría al año) y 177 por posible infracción a la ley de Profilaxis (si dividimos por 53 el resultado es de 3,33 sumarios por comisaría al año). Para hacer más gráficos los números, pueden verse muchísimos ejemplos en el cuadro donde la relación aproximativa marca las siguientes proporciones: 5000 sumarios a 3; 4000 a 2; 2000 a 1; 1000 a 0; recordemos que ¡la unidad de tiempo es un año! Por otra parte se labraron 18950 sumarios por diligencias judiciales, que en general reflejan órdenes de los jueces y fiscales a la policía que abarcan desde una citación a una tarea de investigación precisa”, suma.
   Dependiendo del período considerado, se pudo observar “que entre el 60 y 70% de los casos en los que intervienen las fuerzas de seguridad son de tenencia para el consumo en los cuales actúan ante el “consumo en la vía pública” o por “actitud sospechosa”, analizaron. El cúmulo de ese trabajo registrado mayoritariamente “involucra la tenencia de marihuana, siguiéndole pero en muchísima menor medida la cocaína (que por otra parte, nunca se discrimina su calidad, si se trata de clorhidrato, paco o pasta base; drogas sintéticas y/o precursores químicos brillan por su ausencia)”.


Se pudo observar “que entre el 60 y 70% de los casos en los que intervienen las fuerzas de seguridad son de tenencia para el consumo en los cuales actúan ante el “consumo en la vía pública” o por “actitud sospechosa”


   Un dato revelador surgió sobre prevención: “La proporción de sumarios iniciados por prevención estrictamente hablando en relación con aquellos iniciados por denuncia en la comisaría o telefónica es dramáticamente pequeña. Si a eso le restamos además los casos de flagrancia; es decir, “con las manos en la masa” que son la mayoría, concluimos rápidamente que pese a las “funciones de prevención y seguridad” que una y otra vez aparecen en los informes como destino específico de una buena cantidad de efectivos, la Policía Federal no previene, es decir no actúan de manera proactiva sino por mera reacción. Pero profundicemos sobre el punto. Si observamos la estadística general, el índice baja o sube según –expresémoslo así se trate de delitos que van a buscar a la policía o de delitos que no suelen hacerlo –excepto quizás para buscar “cobertura”, es decir que sin investigación proactiva por estar vinculados a la criminalidad organizada, no se llega a tener noticia de ellos”.
   Allí ponen de ejemplo a la Comisaría 6, cuyo límite está entre Rivadavia, San José, Chile y Alberti. “de 3457 sumarios conformados, 7 fueron por ley de profilaxis; 5 por trata; 52 por drogas de los cuales sólo 5 no fueron por tenencia o consumo. Para contrastar mencionamos también que se labraron 852 sumarios por robo; 748 por amenazas; 652 por hurto; 217 por lesiones culposas. Nótese que los números más altos responden a delitos que se denuncian o accidentes en la vía pública. Veamos lo que ocurre con la Comisaría 10°, la cual si bien no envió listado de sumarios si informa un total de 5828, de los cuales 338 responden a órdenes judiciales y 5381 por denuncias. Es decir que sólo en 109 oportunidades actuó por prevención estrictamente hablando, y de ese número habría que recortar aún los casos de flagrancia. O la Comisaría 11°, donde de un total de 4459 sumarios, sólo 362 se iniciaron por prevención o flagrancia. Y de aquel total, es decir no de este último grupo más específico: 19 por drogas (sólo 3 por tráfico o comercio); 13 por ley de profilaxis y; 1 por trata”.
   Cada vez que alguien realiza una denuncia no es que la policía inicia actividades de prevención y constatación inmediatas, sino que le da intervención al Poder Judicial. Este a su vez, precisamente porque esas causas no se inician por prevención corre vista al Ministerio Público Fiscal para que inste la acción penal ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que transcurre tiempo entre que se denuncian los hechos y se define la “voluntad” del estado de hacer algo al respecto.


   Y esto no sucede únicamente con las denuncias propiamente dichas sino incluso con las denuncias anónimas. El recurso formal notarial del sumario policial en términos prácticos significa la administración de la información y del tiempo, ambas cosas sellan las posibilidades de impartir justicia. Esa acción notarial es otro rasgo positivista. Se inscribe en esa lógica fatal de escribir antes que ir a la calle y chequear “qué”, “cómo” y “cuándo”. Esa lógica fatal hace que “entre la denuncia y la efectiva presencia del estado para “procesar” ese conflicto pasen días, semanas o a veces meses”. “Aún con esos límites, estamos en condiciones de afirmar que no todo es responsabilidad de las fuerzas policiales y que, en consecuencia, se impone desde el sistema judicial (juzgados y fiscalías) una mirada hacia adentro”, según el análisis.
   El Ministerio Público Fiscal parece encontrarse en el medio de dos fuerzas, dos titanes, límites e inercias estructurales ¿cómo llamarlas? La propia de las fuerzas de Seguridad y luego la del Poder Judicial.
   El Ministerio Público no es una policía, pero tampoco es un juez. El Ministerio Público Fiscal tiene que autorizar a los jueces a ejercer la jurisdicción, controlar la legalidad de los procesos y representar los intereses generales de la sociedad.
En conclusión, el panorama final es el siguiente: “Fuerzas de seguridad que funcionan como actuarias del delito, ausencia de racionalidad a la hora de asignar y distribuir recursos y personas, ausencia de racionalidad en la formación de los funcionarios, un sistema judicial atravesado por un positivismo erotizado que subordina la noble labor de ponerle palabras y atribuir significado a los conflictos de la polis, por una desmesura en el culto a los formas”.

J.M.C.


Prostitución
Entre los meses de mayo de 2013 y mayo de 2014 la fiscalía de Delgado participó en investigaciones penales en las cuales “se comprobó la existencia de 47 prostíbulos (diversificados entre domicilios particulares donde funcionaban los denominados “privados” y “bares/whiskerías/prostíbulos públicos”) y que su mayoría funcionaban en los barrios porteños de Tribunales, Recoleta, Once y Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo pudimos individualizarlos en relación a las circunscripciones policiales (ver recuadro)”.
Lo llamativo, hablando desde el Abasto, es la falta de relación entre denuncias-presencia real de prostíbulos.


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Revista El Abasto, n° 172, octubre 2014



 

 

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