La Corte Suprema de Justicia falló en contra del DNU presidencial, dándole el visto bueno a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

El máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño. Cuatro de los cinco miembros votaron a favor: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Mientras Elena Highton de Nolasco, quien se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso, se abstuvo.
Los otros aseguraron por el contrario que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que ordenó cerrar las escuelas era el que violaría la autonomía de la jurisdicción porteña.

La decisión judicial deja así cerrada la disputa política entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quienes discreparon luego de la decisión de la Casa Rosada de suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana (AMBA) con intención de restringir la circulación de personas en medio de la segunda ola de coronavirus.

Si hilamos fino el fallo no declara inconstitucional aquel decreto dado que ya venció el viernes de la semana pasada, sin embargo, establece criterios a tener en cuenta para situaciones similares como la que se transita desde el 1° de mayo, momento en que comenzó a regir otro DNU que también ordena el cierre de las escuelas porteñas. Eso queda explicitado en la sentencia “Estos criterios son aplicables a medidas adoptadas por todas las autoridades, sean de la Nación o de las Provincias. Por esa razón esta Corte señaló que una Provincia no puede violar la libertad de tránsito y derechos fundamentales establecidos en la Constitución”.

Para el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, con ésto se rompió “con toda la tradición jurisprudencial constitucional en materia de las llamadas -cuestiones políticas no judiciables-”. “De este modo, al asumir poder políticos, la Corte Suprema asumió un co-gobierno”. “Esto hace a la Corte Suprema plenamente responsable de todas las consecuencias sanitarias – incluso muertes- que pueda tener la decisión política tomada por la Corte”.
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan opinó que: “Desde lo sanitario, me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia el problema de salud, no hay autonomía entre lo que hace un municipio y el de al lado, porque el virus no se corta en la General Paz”.
Por su parte el presidente de la Nación, Alberto Fernández dijo: “Voy a seguir cuidando de la salud por más que se escriban muchas hojas en sentencias”.

Mientras, desde el gobierno porteño, dicen que “Todo sigue igual. El fallo regulariza la situación, pero no modifica nuestro plan”.

U.K.

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