El legislador porteño por el bloque SUMA+ Hernán Rossi presentó un pedido de informes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre la presencia de los manteros que ocupaban la avenida Pueyrredón en el Galpón de la calle La Rioja entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.

Rossi pide datos oficiales sobre la cantidad de puestos instalados y sus medidas; cómo es el plan de evacuación; si el lugar tiene personal de seguridad; cantidad de manteros que se registraron para acceder a un puesto en dicho predio; remitir el listado; requisitos exigidos para acceder a un permiso para desarrollar la actividad en este predio; cantidad de manteros que ocupan puestos y cantidad de permisos entregados; en ambos casos remitir el listado; de haberse realizado bajas de permisos informe quienes fueron dados de baja y los motivos que conllevaron a la toma de esa decisión; si existe un plan de difusión del Paseo de Compras; si el predio mencionado es propiedad del Gobierno de la Ciudad.

En los fundamentos de este proyecto que se debatirá en Comisión y en caso de tener dictamen irá al Recinto para su aprobación, Rossi afirma: “A mediados de enero de este año el Gobierno de la Ciudad realizó un nuevo operativo en la zona de la estación Once del Ferrocarril Sarmiento para combatir el comercio ilegal realizado por los denominados manteros. Como resultado de la negociación llevada adelante por diversos estamentos gubernamentales frente a la resistencia a desalojar el lugar por los manteros, se concedió la instalación de ferias internadas en la zona. Una de las cuales, la que motiva el presente pedido de informe, se encuentra en la calle La Rioja 70, entre Hipólito Yrigoyen y la avenida Rivadavia”.

“El mencionado galpón, de acuerdo a informaciones periodísticas, tiene una capacidad instalada de 450 puestos, y el Gobierno tiene programado ampliar su capacidad habilitando un predio contiguo, con entrada por la calle Yrigoyen 2961. Los participantes de esta actividad ferial debieron cumplimentar determinados requisitos, como la presentación de la documentación requerida y la realización de cursos de capacitación y, como contraprestación recibieron un subsidio por dos meses a cargo de CAME, Cámara Argentina de la Mediana Empresa”, agrega el legislador.

“Habiendo transcurrido medio año desde el inicio de los operativos es dable realizar una evaluación de lo realizado. Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente pedido de informes”, concluye Rossi.

Vendedores Libres, agrupación de manteros conducida por Omar Guaraz, denunció a mediados de agosto el desalojo de 43 puesteros del predio de Perón y Boulogne Sur Mer.

Según fuentes oficiales, con la presencia de 400 agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires se decomisó mercadería y se clausuraron puestos. Argumentaron los uniformados que algunos puesteros no cumplían con la asistencia exigida. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que administra los galpones, hizo la presentación formal para dar lugar al operativo policial.

“Todos ex manteros de Once desalojados en enero pasado por iniciativa del jefe de Gobierno de la Ciudad. Los galpones según el jefe de Gobierno era la “Solución “para los trabajadores. Pero hasta el presente son más de un centenar los trabajadores expulsados de manera arbitraria”, expresaba el comunicado oficial de Vendedores Libres.

“Las asambleas y reuniones se mantendrán en la sede de la defensoría hasta convocar y reunir a la totalidad de los trabajadores expulsados. Sabemos también que existe una nueva lista con más de 60 puesteros del predio de la rioja e Irigoyen (el otro de los 2 predios construidos) que tiene previsto el gobierno desalojar de manera inmediata. Estos últimos también serán incluidos al momento de las acciones legales que oportunamente se darán a conocer”, agregaba.

“Luego de las convocatorias para reunir a todos los compañeros ilegalmente expulsados se realizarán las acciones judiciales que correspondan, aparte de las que se cursaran por los hechos de violencia que aquel día se desplegaron: detenciones arbitrarias y las lesiones que sufrieron nuestros compañeros en la represión brutal, injustificada e innecesaria”, detallan. 

“También el decomiso de sus pertenencias y la falta de control y custodia de esta propiedad de los trabajadores. ¿Por qué fue ilegal? La caducidad de un permiso por incumplir el reglamento es un tipo de sanción administrativa. Debería tomarse luego de un proceso, que permita al permisionario defenderse, o presentar un descargo de modo previo a la caducidad (derecho de defensa)”, informaba.

“Luego, una vez decidida la caducidad, debe ser notificado fehacientemente, indicando los recursos disponibles y los plazos. La persona puede interponer recursos administrativos y eventualmente judiciales, que suspenden la ejecución de la caducidad. Por lo que vimos, en el proceso no hubo ni derecho de defensa ni posibilidad de interponer recursos, y eso hace que haya sido nula la actuación del gobierno”, concluían.

J.C.

Foto: Perfil