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Terrorismo de estado: genocidas argentinos ya no dormirán tranquilos

La justicia argentina anuló los indultos de los ex ministros Martínez de Hoz y Harguindeguy, y ahora podrán ser juzgados por una causa de secuestro durante la última dictadura militar. El juez federal Norberto Oyarbide decidirá si también anula el indulto de que benefició, al ex dictador Jorge Rafael Videla.
El juez federal Norberto Oyarbide declaró inconstitucionales los indultos que beneficiaron al ex titular de economía de la última dictadura militara argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex ministro del interior Albano Harguindeguy. Igualmente, revocó los sobreseimientos de ambos en una causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios.
     De la misma forma, el juez resolverá en los próximos días si anula o deja en pie el indulto que benefició, por la misma causa, al ex dictador Jorge Rafael Videla. Los tres estuvieron procesados por el secuestro de dos empresarios entre 1976 y 1977, pero la investigación en su contra se frenó en 1990, con los decretos de perdón firmados por el ex presidente Carlos Menem.
     El 5 de noviembre de 1976 Gutheim padre e hijo, dueños de una productora de algodón, fueron arrestados y mantenidos en cautiverio hasta el 6 de abril de 1977. La intención del gobierno militar, específicamente de Martínez de Hoz, era presionarlos para que su empresa algodonera realizara un contrato de exportación con Hong Kong. Oyarbide entendió que la privación ilegal de la libertad de los empresarios, que permanecieron secuestrados por cinco meses, se enmarca en delitos de lesa humanidad imprescriptibles y por ende, "no indultables".
     Antes de los decretos promulgados por Menem, Martínez de Hoz fue procesado y estuvo preso 77 días. En el caso de Harguindeguy la situación judicial estaba más avanzada ya que se había clausurado el sumario en su contra, tenía un procesamiento con prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal y estaba en condiciones de pasar a juicio. En ambos casos y en el de Videla, los indultos interrumpieron el proceso penal y obligaron a un sobreseimiento.
     El fallo de Oyarbide permitirá que Martínez de Hoz y Harguindeguy sean juzgados por el secuestro de los empresarios. Esto toma relevancia si se considera que es la única causa en la que el ex ministro de economía esta acusado de delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, la anulación de los indultos posibilitará la apertura de nuevos procesos contra los funcionarios de de la dictadura, que actualmente permanecen en libertad.
     José Alfredo Martínez de Hoz es descendiente de una acaudalada familia de estancieros, beneficiada por el presidente Julio Argentino Roca tras la Campaña del Desierto. Hombre del sector bancario y financiero y amigo de los Rockefeller, presidió la acería Alindar, que se empleó como campo de prueba de las prácticas represivas en los años anteriores al golpe de estado.
     En 1976, fue convocado por Videla para ocupar el Ministerio de Economía durante los años de la dictadura militar. Desde allí articuló las primeras políticas neoliberales mediante el congelamiento de los salarios, la apertura de los aranceles y la eliminación de los subsidios a la producción. La deuda externa se cuadriplicó durante su gestión, sobre todo luego de implementar la “tablita cambiaria”, un sistema de devaluación que permitió la especulación financiera.
Martínez de Hoz gobernó para el capital extranjero. Impulsó políticas que llevaron a la destrucción de la industria argentina, y multiplicaron los pobres en las villas de emergencia. De la misma forma fue un precursor de la represión sindical, y cómplice de la detención, tortura y desaparición de 30 mil personas, así como de la expropiación de bebés durante la dictadura militar de 1976.
      Por su parte, Albano Harguindeguy fue ministro del Interior durante cinco años de los siete que duró la dictadura. Anteriormente, había ejercido como jefe de la Policía designado por María Estela Martínez de Perón, y fue uno de los artífices del golpe del `76. En un documental francés sobre los escuadrones de la muerte, el funcionario de la dictadura admitió que las Fuerzas Armadas secuestraron, torturaron y asesinaron a los detenidos.
     Tanto Martínez de Hoz, como Harguindeguy, así como decenas de militares involucrados directamente en la dictadura militar, fueron indultados entre 1989 y 1990 por el ex presidente Carlos Menem en los denominados decretos de perdón. De esta forma, los que impulsaron el golpe del `76, aún acusados de terrorismo de estado, fueron sobreseídos de la mayoría de sus causas y muchos de ellos caminan libremente por las calles.
Agencia Walsh
Septiembre 2006

 
 


 

 

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