|
Panorama comunal
Tras el fallo que dio por
inconstitucionales a las Unidades de Atención
Ciudadanas (UACs), el gobierno apeló
la medida. A su vez, desde los consultivos
y las Juntas se pide por la plena gestión
descentralizada.
Como noticia más
relevante del ámbito comunal, se
supo que en dos fallos se cuestionó
el rol de las UACs. Es más, el segundo
de ellos —presentado por legisladores
de oposición legislativa— señaló
como inconstitucionales a las Unidades que
se crearon por decreto un mes antes del
arranque de las 15 Juntas porteñas.
Sin embargo, tal
como comentábamos en el número
de marzo, el Secretario de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo
Maquiavelli, había adelantado la
decisión de Ciudad de apelar frente
al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires e interponer un recurso
de inconstitucionalidad contra la Sentencia
de fecha 15 de febrero de 2013, dictada
por la Sala II de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo y Tributario
de la CABA.
En tanto, los legisladores
que impulsaron el fallo presentaron el traslado
del recurso, es decir, una defensa del fallo.
Ante el juez se pide: “Por la falta
de aportes de nuevas argumentaciones (por
parte del gobierno) peticionamos que se
declare vació el recurso de inconstitucionalidad
incoado”.
También se solicita se defina “el
efecto devolutivo del presente recurso de
inconstitucionalidad” y que “oportunamente
díctese Sentencia, confirmando la
sentencia de la Excma. Cámara declarando
la inconstitucionalidad de las Unidades
de Atención Ciudadana, dado que el
Decreto 376/11 de su creación contradice
la Leyes Nº 1777 y Nº 3233 y el
Art. 10º de la Constitución
de la Ciudad que Será Justicia”.
La Comuna 3 resuelve
Frente a este panorama, el 15 de marzo
la Junta Comunal de Balvanera y San Cristóbal
aprobó en reunión extraordinaria
una resolución “para poner
en funcionamiento las Comunas y las funciones
que por ley los comuneros deben ejercer”.
De este modo, el texto
—consensuado por los comuneros María
Suárez, Berenice Iañez,
Jorge Juárez, y Alberto Lacherra—
expresa: “Requiérase la inmediata
transferencia de las partidas presupuestarias
correspondientes a la jurisdicción
90.0.0, sus programas dependientes, y
90.0.3, a jurisdicción de esta
Comuna”. También se pide
“la inmediata transferencia del
edificio sito en Junín 521, los
bienes inmuebles inventariados, el material
rodante, y los sistemas informáticos,
sus desarrollos, fuentes y licencias”.
“Requiérase
la inmediata transferencia de la planta
de personal afectada a la ex UAC con competencia
en esta Comuna”, suma y evoca las
Leyes Nro. 70 y 2095. “Encomiéndase
al presidente de esta Junta Comunal la
inmediata implementación de las
medidas dispuestas en los artículos
precedentes, debiendo informar el grado
de avance de las mismas semanalmente”,
cierra la resolución.
La decisión
en el Tribunal Superior de Justicia
El GCABA interpuso un recurso de inconstitucionalidad
contra la sentencia definitiva de la Sala
II pretendiendo basar su agravio en una
arbitrariedad por falta de fundamento.
Sin embargo, desde la parte amparista
(quienes lo presentaron) se refutaron
las críticas y se argumentó
que el fallo es “congruente con
la doctrina constitucional, sustentado
en el respeto a la división de
poderes y la democracia participativa,
por lo que solicita que se declare vacío
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el gobierno”, según relevó
Ciudadanos por Comunas (CxC).
“La decisión
está en el Tribunal Superior de
Justicia, la definición está
ahí. El amparo tiene efectos suspensorios.
No es así, siguen de largo”,
ironizó el Juntista por el Frente
para la Victoria de la Comuna 5, Carlos
Benítez, a este medio. También
reprochó que desde PRO se avale
el funcionamiento de las ex UAC, en detrimento
de la Ley 1777. Los fallos argumentaron
que las UACs con equivalentes a los ex
CGPC, por lo que deben funcionar bajo
las Juntas.
En este sentido, luego
de la apelación del GCBA, ahora
queda en manos del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad la última
palabra. En CxC expresaron: “Esperamos
que se ratifique el fallo de la Sala II
de la Cámara atento su solvencia
jurídico –legal por cuanto
implicaría un decisivo fortalecimiento
de la democracia participativa- así
como un límite imprescindible y
definitivo frente a los intentos del PE
por desconocer la importancia institucional
de las Comunas”. “La
Cámara tiene ahora que dar curso
al recurso presentado por el GCABA elevándolo
al Tribunal Superior de Justicia. Puede
hacerlo de dos maneras”, sumaron
los vecinos participativos y trazaron
dos panoramas posibles: “Con efecto
devolutivo: lo que significa que la sentencia
de la Cámara declarando ilegítimas
las UACs y obligando al GCABA a transferir
sus funciones y recursos a las Comunas
continúa en plena vigencia hasta
tanto el TSJ resuelva, o con efecto suspensivo:
lo que significa que la sentencia queda
suspendida hasta la resolución
del TSJ”.
Juan Manuel Castro
[email protected]
El
informe semestral pendiente
A mitad del 2012 los presidentes de las
15 Juntas cumplieron lo establecido en la
Ley 1777 al dar cuentas frente a los vecinos
del Consultivo. Lo mismo debía repetirse
en diciembre. Sin embargo, en la Comuna
5 se espera todavía el resumen. Así
lo hizo saber en varias oportunidades la
Comisión de Control y Seguimiento
Comunal al enviar notas a la Junta, desde
donde todavía no se expidieron, según
confirmaron sus integrantes.
La
Junta enfrentada
En la Comuna 5 (Almagro y Boedo) los juntistas
del Frente para la Victoria y Proyecto Sur
están en cortocircuito con los representantes
PRO. “El PRO y sus comuneros traban
el funcionamiento democrático de
la Junta Comunal y en conjunto con el Poder
Ejecutivo no quieren descentralizar el poder
a las Comunas”, alarmaron desde el
Frente para la Victoria y Proyecto Sur.
“Presentamos diversas resoluciones
firmadas por mayoría. No se trataron
y el presidente se negó a que aparezcan
en actas”, comentó a este medio
Patricia Machado, referente local del partido
de “Pino” Solanas.
“Estamos preparando pedido de informes
a la Legislatura en la Comisión de
Descentralización para que citen
al presidente de la Junta Comunal 5 porque
luego de votar el presupuesto del año
pasado en 15 millones no tenemos información
de cuánto se está gastando”,
adelantó el juntista por el FpV Carlos
Benítez.
Consultivos
de abril
El Consultivos de Almagro y Boedo estaba
por renovar a los integrantes de sus tres
Secretarías (Prensa, Administrativa
e Institucional) en la asamblea del 10 de
abril en la Escuela Nº22 D.E. 6 (Boedo
657).
De modo similar, el mismo día al
atardecer la Escuela N° 10 D.E. 6 “Francisco
de Gurruchaga” (Jujuy 1471) fue el
punto de encuentro para celebrar el Consultivo
de los barrios de Balvanera y San Cristóbal.
Los
vecinos atentos
El nuevo edificio comunal (que sucederá
al de Sarandí y la autopista), está
ubicado en la esquina de Loria y Carlos
Calvo, al extremo suroeste de la plaza.
“El Sr. Bouzas (presidente de la Junta
Comunal 5) ya mudó sus oficinas al
edificio y prevé instalar la UAC
correspondiente a la Comuna 5 en dos plantas
del mismo”, según relevó
Todos por la Plaza de Boedo, iniciativa
contraria a lo dispuesto por la Justicia.
Los comuneros del Frente para la Victoria
y de Proyecto Sur alarmaron acerca del “emplazamiento
ilegal del nuevo edificio sito en Carlos
Calvo 3307 sin prestar atención a
una medida judicial que dispone revisar
el uso y funcionamiento de ese inmueble,
debido a su ubicación en un espacio
verde”.
Al respecto, continúa el debate por
la asignación del treinta por ciento
del edificio comunal —por ser un inmueble
histórico— para usos culturales
(usos complementarios previstos en la ley
2930) “dándole participación
a la Junta Comunal en la determinación
de la distribución y uso que deberá
asignarse a dicho espacio”.
“El uso que se dé al 30% del
edificio "debe ser decidido con participación
de la Junta Comunal". “No puede
el Jefe Comunal por sí mismo tomar
las decisiones”, difundieron desde
Todos por la Plaza de Boedo, impulsores
de la construcción del espacio verde
y del uso cultural del edificio comunal”,
se desprende de una resolución judicial
al respecto.
Revista El Abasto, n°
154, abril 2013.
|
|